Sin embargo, los miembros del Directorio de la SAT insistieron en que la decisión se tomó con base al convenio que Solórzano Foppa firmó con el presidente Jimmy Morales.

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¿Pena de muerte para funcionarios? Diputados lo proponen.

Julio Ixcamey, también legislador de la UNE, indicó que si bien el Directorio tomó la decisión con base en el artículo 7 y 27 de la Ley de la SAT, existe un conflicto con el artículo 64 transitorio de esa misma legislación, que establece que el superintendente estará en el cargo hasta el  2020. Indicó que antes se debió pedir una opinión jurídica a la Procuraduría General de la Nación.

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Silvia Castillo, directora de la SAT, indicó que respeta el criterio de los diputados, pero que “el Directorio tomó una decisión en derecho”.

Adriana Estévez, también directora de la SAT, agregó que “el artículo 27 de la  Ley marca como una cláusula de remoción el incumplimiento al convenio de metas de recaudación”.

Abelardo Medina,  analista del Icefi, dijo que en este caso no se incluyeron otras metas en el convenio que firmó con el presidente, sino solo la de recaudación. A su consideración, el Directorio también debió consultarle por  estas.

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El ministro de Finanzas, y presidente del Directorio de la SAT, Julio Héctor Estrada, negó que la remoción de Solórzano se trate de una decisión política y atribuyó que “eso es lo que está diciendo la UNE, pero no es lo que dice la ley”.

“El Directorio se basó en el análisis del  convenio  de metas de recaudación para el  2017,  que  se firmó en enero —de ese año—,  cuando  aún no había cobrado vigencia la reforma a la Ley Orgánica de la SAT, por lo que  solo contiene las metas cuantitativas como las de recaudación y no  las otras  de desempeño de la administración tributaria como  establece el  inciso G del artículo 27 reformado”, indicó el funcionario.

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La decisión de removerlo se tomó por  incumplimiento de Q166 millones. La brecha era de Q1 mil 286 millones, de los cuales lograron justificar Q1 mil 120 millones, añadió.   Argumentó que al exsuperintendente Carlos Muñoz lo removió del cargo el presidente Otto Pérez en enero del 2015 porque incumplió las metas del 2014,  y que el año anterior  no estuvo d   urante el período completo por lo que no se podía evaluar.

“La gente está molesta porque se cumple la ley cuando está establecido que  la revisión del convenio solo se puede hacer por factores macroeconómicos”, indicó. 

“A los diputados no les queda más que decir eso, pero si no actuamos de ésta manera (removerlo por incumplimiento de metas) también generamos incertidumbre política” agregó.

“Solórzano Foppa era un símbolo, reconozco su trabajo,  inclusive cuando se le nombró la Une estaba bloqueando ese proceso, y ahora lo defienden” añadió.