La obra, que contemplaba la construcción de 140 kilómetros, fue financiada con préstamos adquiridos con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil y por el Banco Centroamericano de Integración Económica, a un costo de US$399 millones —Q2 mil 992.5 millones—.
Según el diseño inicial, la obra se iniciaría en Cocales, Escuintla, y concluiría en Tecún Umán, San Marcos, frontera con México. Sin embargo, a finales del 2013 las autoridades del Ministerio de Comunicaciones decidieron modificar el contrato, lo que causó que la obra se encareciera.
En unos seis meses se prevé que los funcionarios de la empresa brasileña Norberto Odebrecht acudirán al país para explicar cuándo y cómo funcionó la entrega de los US$18 millones de sobornos en el país y quiénes fueron los políticos y empleados públicos que habrían recibido los recursos.
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, explicó que Transparencia Internacional ha dado seguimiento a la investigación de Lava Jato en Brasil, así como a los sobornos que reconoció Odebrecht en más de 10 países, por lo que han tenido contacto directo con los fiscales que investigan el caso, quienes les informaron que existe un compromiso directo de delatar quiénes se beneficiaron con los sobornos.
El proyecto tendría una vida útil de 10 años, y con los cambios se pretendía que durara 20, lo cual, según el ministro de Comunicaciones, Aldo García, hizo que el costo por kilómetro pasara de US$2.9 millones —Q21.8 millones— a US$8.3 millones —Q62.3 millones)— por lo que, de 140 kilómetros, no se podrían construir más de 48.
De acuerdo con el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, no hay evidencia de que se haya comunicado de estos cambios a la cartera del Tesoro. “No existe ni siquiera un cruce de cartas; no se informó”, explicó.
Estrada aseguró que con toda la investigación que se ha hecho en torno a los sobornos que entregó Odebrecht en
varios países se ha logrado descubrir que la modificación de contratos era una forma de operar de la empresa brasileña. “Claramente era un mecanismo de corrupción a gran escala”, enfatizó.
Cambiar los términos del contrato fue una decisión interna entre el CIV y Odebrecht, pero de esto se notificó a las entidades financieras para que dieran su aval; es decir, al BNDES y al BCIE, explicó el director general de Caminos, Armando Fuentes.
La obra debió finalizar en junio de este año, pero solo se ha avanzado en un 30 por ciento de construcción, aunque ya se ha pagado cerca del 70 por ciento.
¿Ilegalidad?
Las autoridades actuales se encuentran en discordia acerca de la legalidad de los cambios al contrato. Para el ministro de Comunicaciones y para la directora de Crédito Público, Rosa María Ortega, debió autorizarlo el Congreso, mientras que Fuentes y Estrada aún dudan de ello.
Para establecer si las modificaciones al contrato requerían pasar al Congreso, el Ministerio de Comunicaciones solicitó opinión a la Procuraduría General de la Nación, que todavía se encuentra en el análisis jurídico.
La opinión de Ortega y de García se fundamenta en que la adjudicación fue directa a Odebrecht, por solicitud del BNDES, lo cual fue autorizado por el Congreso.
En la Ley de Contrataciones solo se establece que los contratos podrán ampliarse hasta un 40 por ciento, pero esto sucede únicamente cuando este ha concluido y se decide extender la obra.
Mal negocio
Los entrevistados coinciden en que el contrato con Odebrecht fue un mal negocio. No se hizo licitación porque la empresa brasileña fue impuesta por el BNDES; además, el 70 por ciento de los materiales utilizados para la obra debían comprarse en Brasil, aunque en el país estuvieran más baratos.
Por ejemplo, aunque Guatemala produce asfalto, este fue importado de una empresa brasileña escogida por Odebrecht.
El BNDES también estipuló suspender los desembolsos para los trabajos si la empresa tenía problemas legales o de ejecución en cualquier parte del mundo donde tuviera proyectos, y eso sucedió en Cuba, por lo que se detuvo el financiamiento y la obra.
Aunque Guatemala era responsable del crédito, el BNDES hacía los desembolsos de manera directa a Odebrecht. Estrada opina que esto era poco transparente.
“El contrato se lo inventaron, era muy atípico… es inescrupuloso, vergonzoso y un insulto para el país”, condenó el ministro de Finanzas.
Según García, el que Odebrecht haya reconocido el pago de sobornos “confirma” la veracidad de todos los contratos cuestionados.
Exige aclarar dudas
Nineth Montenegro, jefa del bloque de Encuentro por Guatemala, y Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, exigen la investigación inmediata de lo que ocurrió entre Odebrecht y los miembros del Partido Patriota que gobernaban en el momento en que se firmó el contrato.
Montenegro recordó que en el Congreso se escuchaba que hubo oferta de dinero a varios diputados para aprobar los préstamos sin discusión.
El 23 de diciembre, Prensa Libre publicó la nota Los sobornos habrían llegado al Legislativo, en la que se denunció la entrega de Q250 mil a algunos congresistas.
