Asimismo, indicó que solo en este año ha revocado la visa a 150 guatemaltecos.
La decisión que tomó el Departamento de Estado de EE. UU., basado en la Ley de Asignaciones Consolidadas 2019, también incluyó a sus hijos Julio Alejandro Molina Stalling y Otto Fernando Molina Stalling.
El excanciller y analista Edgar Gutiérrez, indicó que divulgar o no el nombre de un ciudadano que se le revocó la visa es una decisión discrecional de EE. UU. en algunas ocasiones solo lo notifica a las personas sujetas a esa sanción y en otras ni siquiera eso, y los afectados por la medida se percatan de la misma hasta que intentan ingresar a ese país y se les permite.
Por ese motivo, Gutiérrez considera que con la divulgación de la revocatoria EE. UU. busca enviar un “mensaje directo” a Guatemala para evitar que el sistema de justicia vuelva a ser cooptado, de cara a las próximas elecciones de magistrados de la CSJ y de salas de apelaciones.
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“Provoca un impacto político sobre las estructuras que dentro del Organismo Judicial se han venido reconstituyendo en los últimos meses y que han estado bloqueando las acciones del Ministerio Público y la Cicig —Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala—”, precisó el excanciller.
Para la directora del Movimiento Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, la decisión anunciada por EE. UU. es “sin duda alguna, un mensaje claro y directo” para los sectores que han tratado de menoscabar la lucha contra la corrupción y la impunidad y que desde posiciones de poder intentan frenar “el combate sostenido del crimen”.
“Si aquí se está tolerando la corrupción, la impunidad y el crimen porque hay jueces comprados que atacan los jueces independientes, el mensaje es que desde afuera se está viendo ese ataque y que no puede ser sancionado aquí en otros países esas personas son señaladas públicamente”, añadió Ibarra.
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Lista de corruptos
El año pasado, la congresista demócrata Norma Torres impulso una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional mediante la cual el Departamento de Defensa debe remitir a las comisiones de Relaciones Exteriores del Congreso un informe sobre narcóticos, corrupción y financiamiento ilícito de campañas electorales, el cual debe incluir un listado con los nombres de ciudadanos, incluyendo funcionarios, señalados de esos ilícitos.
No obstante, la revocatoria de visas, de acuerdo con información de la Embajada de EE. UU. en Guatemala, se hizo con base en la sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones Consolidadas.
Gutiérrez destacó que, aunque la revocatoria no obedezca a la lista de corruptos que se ha anunciado desde el año pasado, el fin del anuncio es el mismo, por lo cual se podrían conocer más nombres en los próximos días o semanas “dependerá del mensaje de Washington quiera trasladar a los actores en Guatemala”.
Para el excanciller, la divulgación del nombre de Blanca Stalling es un mensaje “directo” al Organismo Judicial, pero dependiendo a quien se pretenda impactar podrían divulgarse nombres de ciertos diputados o alcaldes que han sido señalados de vínculos con mafias.
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Ibarra coincide con Gutiérrez al indicar que el mensaje es para todos lo que se han aprovechado del Estado para beneficiarse, enriquecerse, traficar influencias y tener prebendas.
“Es para todos aquellos que han tomado acciones contrarias a la ley y el estado de Derecho y que, cuando hubo un repunte para tratar de luchar contra todo eso se organizaron para desmantelar esos esfuerzos, que es lo que han hecho en los últimos dos años”, añadió.
Revocatorias
En abril del 2017 se supo que a el diputado Fernando Linares Beltranena también se le retiró la visa. Aunque la comunicación oficial decía que la razón era porque no era elegible para el otorgamiento de ese documento, el legislador consideró la medida como una venganza política.
El 6 de julio del 2018, la Embajada anunció una medida similar adoptada con “más de dos docenas” de ciudadanos guatemaltecos a quienes se les impediría el ingreso a EE. UU. por su participación en actividades delictivas; no obstante, en esa ocasión no se divulgó ningún nombre de los sancionados.
Regularmente, EE. UU. revoca visas cuando hay inconformidades con los regímenes de gobierno, desde finales del 2018 retiró ese documento a cerca de 600 funcionarios venezolanos y sus familias como una sanción en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.
Proceso en su contra
Blanca Stalling digirió por 10 años el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP). Es señalada de supuestamente haber presionado al juez Carlos Ruano para que beneficiara con una medida sustitutiva a su hijo Otto Molina Stalling.
Molina Stalling quien fue condenado a seis años y tres meses de prisión inconmutables, así como una multa de Q50 mil e inhabilitación para ejercer cualquier cargo público durante cuatro años, por el caso de estafa al Seguro Social conocido como Igss-Pisa/Igss-Chiquimula. Sin embargo, fue beneficiado con medida sustitutiva y goza de libertad condicional.
El primero en conocer el caso de la magistrada separada fue el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, a cargo de Adrián Rodríguez; sin embargo, ella lo recusó al poner en duda su imparcialidad y esto llevó al juez a inhibirse.
El caso pasó, entonces, al Juzgado Octavo a cargo del juez suplente José Alvarado. Stalling alegó que sostenía una amistad con el juzgador —en varias fotografías aparecían juntos—, así logró separarlo del caso.
A raíz de eso, el expediente pasó a manos de la jueza Silvia Morales, titular del Juzgado Noveno. Pero, ella se inhibió aduciendo que dudaban de su imparcialidad.
La audiencia de etapa intermedia aún no se ha llevado a cabo. Esta ha sido suspendida doce veces. El caso ha pasado por cuatro juzgados.
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Detención
Stalling fue capturada el 8 de febrero del 2017. El día de su detención intentó burlar a las autoridades cuando llevaba una peluca roja y lentes oscuros. Al momento de su detención intentó disparar contra los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y trató de suicidarse al momento de su captura.
La aún magistrada de la CSJ guardó prisión preventiva en la cárcel militar Mariscal Zavala, pero el año pasado fue beneficiada con arresto domiciliario por Abelina Cruz Toscano, jueza Décimo Penal, durante una sorpresiva audiencia que se celebró en privado, en agosto pasado.
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