En los últimos tres años el Gobierno de Guatemala ha ejecutado más de Q1 mil 500 millones en el Programa de Apoyo Económico al Adulto Mayor (PAM). Sin embargo, persisten dudas sobre el diseño del programa y el uso clientelar que se puede hacer de estos recursos.

El pasado lunes, el presidente Alejandro Giammattei participó en un acto donde entregaba ayuda económica a una mujer de 117 años en San Andrés Sajcabajá, Quiché. Las fotografías del mandatario en la escena no tardaron en circular por los canales oficiales del gobierno.

De esa forma, el presidente y su equipo de trabajo han aprovechado las entregas de estos recursos para posar públicamente. Pero, más allá de la fotografía oficial, existen dudas sobre el impacto que este programa tiene en la vida de la población beneficiaria.

El PAM tiene como objetivo proporcionar un aporte mensual de Q500 a personas de 65 años y más en situación de pobreza extrema, que no se encuentren trabajando y no reciban ninguna pensión o apoyo del Estado.

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De 2020 para acá, tuvo un incremento presupuestario de Q222 millones. En los próximos ejercicios fiscales los aumentos podrían continuar ya que con la entrada en vigor del decreto 4-2022 se estableció que debía tener una asignación anual mínima de Q820 millones que deberá aportar el Estado con fondos provenientes de la colocación de bonos del tesoro internos y externos que cada año apruebe el Congreso de la República y de ingresos tributarios y saldos de caja y bancos.

Según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), encargado de ejecutar el programa, en 2021 se beneficiaron 119 mil 756 adultos y entre enero y abril de este año suman 121 mil.

Pero una de las primeras dudas surge por cómo se destina la ayuda. El departamento con más beneficiarios es Guatemala, con 10 mil 924 personas. Le sigue San Marcos, con 8 mil 749 y Chimaltenango con 8 mil 123, de acuerdo con datos del Mintrab sobre el primer cuatrimestre.

Alta Verapaz y Sololá, que según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014 tenían más del 80 por ciento de su población en situación de pobreza, ocupan el quinto y sexto lugar con más beneficiarios, con 7 mil 68 y 6 mil 030 beneficiarios, según el Mintrab.

Totonicapán, con un porcentaje de pobreza del 77.5 por ciento, apenas contaba con 3 mil 205 beneficiarios, de acuerdo con un informe de la cartera.

Iván Aguilar, investigador en programas sociales de Oxfam, considera que un aporte de Q500 mensuales, comparado con el costo de la canasta básica, es bajo y no mejora sustancialmente la vida de un adulto mayor en situación de pobreza.

“Para personas en pobreza o pobreza extrema cualquier aporte es bienvenido, pero más allá de eso se requiere una evaluación de la brecha que estas personas tienen para cubrir sus necesidades básicas. El monto que se les da es discrecional y eso hace que la efectividad sea baja”, opina Aguilar.

Esto, a su vez, incrementa los riesgos de clientelismo porque al dar un aporte bajo de Q500, se puede cubrir a más población y ello permite obtener más réditos políticos al momento de la entrega, afirma.

Los criterios de selección suelen ser bastante generales, es decir no tienen criterios claros para focalizar a la población que más requiere este tipo de apoyo. Además, los parámetros para determinar el monto de la transferencia no son basados en análisis técnicos. Hay veces que se hace esto para ampliar coberturas con fines clientelares”, dice Aguilar.

Clientelar

Los beneficiarios del PAM cubren al menos dos grupos etarios aptos para emitir sufragio de cara al próximo año electoral. En total, suman 443 mil 288 personas empadronadas mayores de 65 años, lo cual es suficiente para cambiar el rumbo de los comicios.

En ese sentido, la analista política Geidy de Matta explica que en Guatemala muchas familias viven en crisis por los niveles de inflación que agravan la pobreza y la pobreza extrema.

En ese contexto, los programas de ayuda como el PAM generalmente tienden a “politizarse”, advierte.

“Hay medidas que se generan durante procesos electorales para compra de votos. Para evitar que esos procesos se politicen deben establecerse criterios técnicos que garanticen que se está apoyando a personas que no tienen mayor nivel de ingresos y requiere de intervención del estado. Ahí se requiere una auditoría social para que llegue a sectores más necesitados y afectados de crisis económica y de inflación”.

De Matta dice que es costumbre para los gobiernos de turno buscar réditos políticos para sí mismos o actores afines de los programas clientelares.

“En estos programas se debe monitorear la transparencia de estos recursos porque estamos cerca de un proceso electoral y político no puede desvirtuar la naturaleza de estos subsidios”, afirma.