La prueba no fue admitida por el Registro de Ciudadanos, que consideró que fue presentada a destiempo, porque el procedimiento obligaba a ampliar el plazo de 30 días que, según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, se cuenta para recibir los descargos en un proceso de cancelación.
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Los dos amparos benefician al partido oficial y mantiene en suspenso el proceso de cancelación, porque, por ahora, no se pude emitir una resolución sobre el proceso que actualmente conocen, hasta que se resuelva en definitiva el amparo otorgado por la Sala Primera, y ahora el admitido por la Sala Quinta.
Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo otorga amparo provisional a Javier Hernández Franco y suspende el proceso de cancelacion de FCN-Nación. Es el segundo amparo que recibe dicha organización política. pic.twitter.com/8vIJsTa3sG
— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) October 25, 2018
La Sala Quinta que otorgó el amparo es presidida por Guillermo Demetrio España Mérida, quien se encuentra en la lista de los 10 magistrados que podrían sustituir ante la Corte Suprema de Justicia a la magistrada Elizabeth García, quien falleció en agosto.
Leopoldo Guerra, jefe del Registro de Ciudadanos informó que trabajan en la apelación, así como se hizo en el primer amparo otorgado al partido oficial. Por el momento la Corte de Constitucionalidad admitió para su trámite la apelación, pero no ha resuelto sobre el tema.
Leopoldo Guerra director del Registro de Ciudadanos informó que apelarán el amparo así como se hizo con la acción otorgada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. pic.twitter.com/72vw17c0AF
— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) October 25, 2018
Proceso de cancelación
Los magistrados del TSE ordenaron al Registro de Ciudadanos empezar con el proceso de cancelación del partido oficial a petición del Ministerio Público, luego que se evidenciara que al menos Q15 millones no fueron reportados al ente electoral provenientes de financiamiento electoral ilícito en el proceso electoral del 2015.
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Según el ente investigador, el secretario general de esa agrupación política en ese entonces, Jimmy Morales, no declaró ante el TSE unos Q15 millones, de los cuales Q8 millones habrían sido entregados por un grupo de empresarios para pagar a los fiscales de mesa para la primera y segunda vuelta electoral.
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