Entre las inconsistencias que señala el ministerio, figura que el Estado pague las deudas personales de trabajadores, adquiridas en el banco que deseen, así como la instalación de una agencia dentro del hospital, sin tomar en cuenta la Ley de Contrataciones.
Estas obligaciones salen a luz luego de que los trabajadores le recordaran al Ministerio del fallo.
Dentro de la resolución, el Juzgado aprobó un aumento salarial de Q1 mil para todo empleado del mencionado hospital. Al principio la petición era un incremento de Q1 mil 500.
El Juzgado aprobó la liquidación por Q63 millones 506 mil 767.94, en concepto de reajuste al salario mensual de cada trabajador individualizado, por un plazo de dos años, a partir del 2011, cuando el laudo arbitral quedó firme.
Problemas legales
El asesor jurídico de la ministra de Salud, Alejandro Argueta, aseguró que han tratado de buscar una salida legal al problema, pero es muy difícil encontrar un mecanismo cuando ya la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió sentencia.
Argueta explicó que han sostenido reuniones con el sindicato responsable, pero lo único que han encontrado es un rechazo rotundo a negociar y amenazas de que solicitarán que sea conducida la ministra, por incumplir una orden judicial.
“Acá tenemos varias dificultades, porque ambas solicitudes no encuadran con los mecanismos de ejecución de los recursos públicos”, aseguró Argueta.La ministra, Lucrecia Hernández, señaló que se encuentran ante un dilema, ya que si no cumple se le certificaría lo conducente y si lo hace, incurriría en ilegalidades.
El abogado agregó: “En la actualidad no se pueden crear fideicomisos; ahora está prohibido. Además, no se puede dar un aumento salarial selectivo porque sería discriminatorio, ya que solo aplica a los trabajadores del hospital”.
Según Argueta, en una de las primeras reuniones que sostuvo la ministra con los sindicalistas, los trabajadores del San Juan de Dios recordaron que existía esta sentencia. “Nosotros la habíamos visto, pero estábamos empezando a analizarla. Ellos preguntaron si cumpliríamos y se les dijo que se haría lo que estuviera en ley”, enfatizó.
El abogado aseguró que a raíz de ello se firmó un acta de compromiso en la que se creó una comisión que debía estudiar la sentencia, la cual se institucionalizó a través de un acuerdo ministerial, y durante las discusiones se trató de explicar las dificultades que existen, pero los sindicalistas no quieren ceder, aunque el fallo es ilegal.
“Dieron 15 días para cumplir. El dilema es ¿por qué una sentencia nos está obligando a violar la ley? El contenido de la sentencia es ilegal”, cuestionó.
Argueta cuestiona: “Por sentido común, ¿será que suena legal que el Estado contrate un fideicomiso de Q10 millones para pagar las deudas privadas de los trabajadores del hospital? ¿Se pueden pagar las deudas particulares de los empleados con fondos públicos?”.
Negociar
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Plantea propuesta
La ministra de Salud, Lucrecia Hernández, propone al sindicato revisar punto por punto y corregir las necesidades a través de la negociación colectiva. “Estamos dispuestos a cumplir con los compromisos que tengan las bases legales, administrativas y financieras”, afirmó.
Aníbal Flores, del Sindicato Nacional San Juan de Dios, reconoció que sí existen algunas inconsistencias en el fallo, ya que, según la ley del salario, no se le puede aumentar a una sola unidad ejecutora en detrimetro de otra. Agregó que otro problema es que se modifica el monto del bono de antigüedad real de cada trabajador.
Flores comentó que al principio algunos miembros de este sindicato estaban en el comité, pero se salieron porque este comenzó a cobrar a las personas para el pago de un abogado, a pesar de que la sentencia ya había sido emitida.
Se buscó hablar con Gonzalo Campos, del Comité Permanente de Trabajadores Coaligados, pero su celular estuvo apagado.
