Las resoluciones favorables a políticos que fueron beneficiados dentro de sus procesos penales llegaron junto con el fin de año. Todos tienen en común que sus casos fueron impulsados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) cuando Juan Francisco Sandoval estaba al frente de esa unidad.

Revocación de delitos, arrestos domiciliarios y rebajas de condenas fueron parte de las resoluciones que llegaron a beneficiar a políticos y exfuncionarios que permanecían en prisión desde 2015. Estas medidas fueron dictadas por las diferentes cortes y salas que imparten justicia.

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La primera persona de esta lista en ser favorecida fue la excandidata presidencial y dirigente del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, quien después de haber salido de prisión en 2020, fue beneficiada por la Sala de Mayor Riesgo, que  le revocó este año la prohibición de participar en política.

Y el 20 de diciembre, la Corte de Constitucionalidad (CC) le retiró el cargo  de financiamiento electoral no registrado.

Torres fue apresada en septiembre de 2019 por este delito y por asociación ilícita tras una investigación dirigida por la FECI.

No obstante, a inicios del 2020 salió de la prisión luego de haber pagado Q800 mil de caución económica y aunque le prohibieron participar en política, en agosto de este 2021 le revocaron esa medida.

El expresidente de la República, Otto Pérez Molina, también creyó que pasaría las fiestas de fin de año en su casa,  luego de que el Tribunal de Mayor Riesgo B le otorgara en noviembre pasado el arresto domiciliario a cambio de pagar una fianza de Q13 millones.

Pérez Molina está en prisión desde que se entregó a la justicia el 2 de septiembre de 2015 cuando fue señalado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de liderar la estructura criminal La Línea, que operaba en aduanas.

A decir del tribunal, el arresto domiciliario es por “un exceso de prisión preventiva” ya que lleva seis años detenido en la cárcel Mariscal Zavala.

El exmandatario aseguró no tener el dinero para salir de prisión pero además, la Sala Segunda de Mayor Riesgo revirtió la decisión y le otorgó un amparo al Ministerio Público, dejando en suspenso el arresto domiciliario.

Algunos corrieron con mejor suerte y uno de ellos fue el exdiputado Óscar Armando Escribá, señalado en el caso Construcción y Corrupción por haber adjudicado Q194 millones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) a dos empresas vinculadas a su persona, cuando fue director de la Unidad de Conservación Vial (Covial).

El caso está a cargo de la jueza Ericka Aifán que le permitió salir de prisión bajo el pago de una fianza de Q100 mil, en septiembre.

Gustavo Alejos Cámbara también logró que le dieran arresto domiciliario. El exsecretario privado de la Presidencia del gobierno de Álvaro Colom y financista de varios partidos políticos está vinculado a cinco casos de corrupción y es señalado de manipular la elección de magistrados a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema de Justicia.

Alejos evadió la prisión preventiva por varios meses mientras permanecía en un sanatorio privado y en julio logró que le dictaminaran la medida sustitutiva, luego de que se declarara la clausura provisional en el caso Red de poder, corrupción y lavado de dinero.

Expresidentes del Congreso

El exdiputado del Partido Patriota (PP) y presidente del Congreso en el 2014, Gudy Rivera Estrada, fue dejado en libertad por “buena conducta”.

Rivera fue sentenciado a 13 años de prisión en el 2016 por tráfico de influencias al intentar sobornar a la magistrada Claudia Escobar, para asegurar una resolución a favor de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti. Aunque su sentencia se redujo a 8 años, salió de prisión en agosto de este 2021.

Quien fuera presidente del Congreso en 2013 y diputado del PP, Pedro Muadi Menéndez también estaba en prisión desde 2015 después de haber sido sentenciado a 30 años de cárcel por haber creado una docena de plazas fantasma.

El fallo fue apelado y la condena se redujo a 8 años de prisión, luego de haber permanecido seis años en reclusión en la cárcel Mariscal Zavala.

Es así como termina el año para estas personas que, a pesar de haber sido declaradas culpables de uno o varios ilícitos, han recibido fallos que aligeran sus condenas y les permiten, hasta el momento, continuar sus vidas en libertad (con excepción del expresidente Pérez Molina).