Luis Gerardo Ramírez, vocero del TSE, informó que el Registro de Ciudadanos apeló ante la Corte de Constitucionalidad  (CC) el amparo provisional otorgado por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con el objetivo de continuar con el proceso sancionatorio por financiamiento electoral ilícito de FCN-Nación durante 2015.

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La prueba no fue admitida por el Registro de Ciudadanos por considerar que fue presentada fuera del plazo establecido,  porque el procedimiento obligaba a ampliar el plazo de 30 días que, según la Ley Electoral, se cuenta para recibir los descargos en un proceso de cancelación que ya estaba por finalizar.

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La apelación busca dejar sin efecto el amparo provisional y continuar con el proceso de cancelación, ya que no se puede emitir una resolución sobre el proceso que actualmente conocen sin que se resuelva en definitiva el amparo otorgado el miércoles 11 de octubre, un día después de comenzar el plazo de 10 días que tiene el Registro de Ciudadanos para emitir la resolución definitiva en el caso que se lleva en contra del partido oficial.

El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral apeló ante la Corte de Constitucionalidad el amparo provisional otorgado al partido FCN-Nación por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo y que frenó el proceso de cancelación de dicha organización política. pic.twitter.com/VLRo4lV884

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) October 19, 2018

Los magistrados del TSE ordenaron al Registro de Ciudadanos empezar con el proceso de cancelación del partido oficial a petición del Ministerio Público, luego que se evidenciara que al menos Q15 millones no fueron reportados al ente electoral provenientes de financiamiento electoral ilícito en el proceso electoral del 2015.

Según el ente investigador, Jimmy Morales, secretario general de esa agrupación política en ese entonces, no declaró ante el TSE unos Q15 millones, de los cuales Q8 millones habrían entregados por un grupo de empresarios para pagar a los fiscales de mesa para la primera y segunda vuelta electoral.

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Durante el segundo proceso de postulación a fiscal general en noviembre del 2010, en un informe, la Fundación Sobrevivientes denunció que Contreras Valenzuela actuó como abogado defensor de la empresa Proyecto de Obra Civil S.A., que pertenece al coronel retirado Jacobo Esdras Salán Sánchez y sus hermanos.

Salán Sánchez fungió como Asesor de seguridad del presidente Alfonso Antonio Portillo Cabrera en el año 2000 y es sindicado de peculado por la Cicig y el Ministerio Público, por la sustracción de fondos del Ministerio de la Defensa Nacional en el 2001.

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Por aparte, la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo admitió para su trámite otro amparo. Sin embargo, le dio 48 horas al Registro de Ciudadanos para que entregue un informe circunstanciado y luego determinar si corresponde otorga el amparo provisional.

La Sala Quinta está conformada por los magistrados Guillermo Demetrio España Mérida quien la preside, Giovanni Francisco Soto Santos, vocal I y Miguel Enrique Catalán Orellana como vocal II. España Mérida se encuentra en la lista de los 10 magistrados que sustituirán a la magistrada Elizabeth García que falleció a comienzos de agosto.

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