Según Rodríguez, el OJ trasladó un primer informe donde detalla que hay dos mil personas de personas que fueron condenadas por delitos contra la administración pública, pero debido a que la ley establece que la información es confidencial, no dio más detalles. Pero señaló que el listado está en análisis porque se debe establecer por qué delitos fueron condenadas.
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El jefe de esa Unidad señaló que en lo referente a personas con procesos de extinción de dominio, el OJ los remitió a los juzgados que ven estos temas.
El Ministerio de Gobernación es otro ente que debe proveer información, sobre fundaciones o asociaciones de carácter civil, apolítico y no partidario que tiene registradas, las cuales no pueden hacer aportes a los partidos, pero aquí falta un convenio para que ocurra el traslado de datos.
Las reformas a la Ley Electoral de 2016 buscan evitar así que se reciba dinero ilícito, sobre todo, de personas señaladas o condenadas por casos de corrupción o lavado de dinero.
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