En distintos países de Latinoamérica se registran retrocesos en derechos de liberta de expresión y de prensa. Cada vez es más frecuente observar a políticos intentar criminalizar a periodistas que los cuestionan o a ciudadanos que critican sus gestiones por distintas vías.

Países como Nicaragua, Venezuela o El Salvador han impulsado legislaciones que intentan restringir la labor de medios de comunicación, defensores de derechos humanos y de la ciudadanía en general que intenta cuestionar las acciones gubernamentales.

En el caso de Guatemala, distintas entidades de prensa nacionales y regionales han advertido amenazas a la liberta de expresión y de prensa. La Sociedad Interamericana de Prensa, por ejemplo, registró acciones que violan estos derechos, como exigencias desde el Ministerio Público para que periodistas revelen sus fuentes de información, aprobación de leyes que prohíben a medios publicar información sobre género y diversidad sexual o el intento de jueces de restringir a reporteros el acceso a las audiencias si estos publican noticias que no favorezca sus pretensiones.

Sin embargo, existen distintos cuerpos legales, tanto nacionales como internacionales, que resguardan el derecho de la ciudadanía a criticar y cuestionar a quienes les gobiernan. Ninguna autoridad puede restringir estos derechos y cualquier promoción de leyes desde los parlamentos que busquen criminalizar estos actos viola garantías fundamentales, han advertido juristas.

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