La gestión de la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, ha sido cuestionada en los últimos meses por emprender persecuciones contra exfiscales y periodistas que fiscalizan el desempeño de la administración pública.

Tanto la comunidad internacional, como organizaciones de sociedad civil, han expresado de forma reiterada su rechazo a los intentos de Porras por perseguir con fines políticos a quienes han investigado casos de corrupción o cuestionado al gobierno de turno.

A esta ola de persecuciones, recientemente se sumó un antejuicio planteado por el MP contra la diputada de la bancada Semilla, Ligia Hernández, luego de que ella citara en su calidad de congresista a tres funcionarios del ente investigador.

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Para expertos en derecho parlamentario, la acción del MP vulnera el derecho que tienen los parlamentarios de citar a funcionarios públicos para que estos rindan cuentas sobre el desempeño de sus instituciones. Siempre y cuando no se cuestione a personal fiscal sobre casos que están en investigación, no hay motivos para accionar legalmente contra congresistas que fiscalicen en sus citaciones, advierten.

“El planteamiento del antejuicio no cumple con los requisitos que debería cumplir. Se está atacando la facultad de fiscalización que tienen los diputados y parece ser un ataque a la oposición por parte de una alianza oficialista que incluye a la misma fiscal general”, dijo Eddie Cux, de Acción Ciudadana.