La Constitución Política de la República establece que todos los actos del Estado son públicos. No obstante, cada vez es más recurrente que funcionarios intenten mantener en secreto asuntos gubernamentales.

De tal cuenta, en algunas instituciones han intentado restringir acceso a medios de comunicación a sus reuniones. El caso más reciente es el del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que dispuso que las reuniones entre el pleno de magistrados y fiscales de partidos políticos serán cerradas.

Esto mismo ha ocurrido en el Palacio Nacional, donde periodistas que cubren la fuente del Ejecutivo han denunciado que no se les permite realizar sus actividades periodísticas dentro de las instalaciones pese a que se encuentran acreditados con carné de prensa.

Esta situación ocurre en un contexto de retroceso en transparencia y lucha contra la corrupción, tal como lo advierten indicadores internacionales. En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022, por ejemplo, Guatemala obtuvo un punteo de 24 y se posiciona en el puesto 150 de 180 países evaluados. Guatemala es uno de los 10 países que más descenso ha mostrado en combatir este flagelo.

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Y aunque el gobierno ha intentado desprestigiar este estudio, aduciendo que hay un sesgo en la metodología y sujetos entrevistados, es un indicador que recurrentemente es consultado en la academia, aseguran representantes de Transparencia Internacional.

Sin embargo, estas actuaciones por parte de funcionarios públicos riñen con los principios de transparencia establecidos en la legislación nacional.