El intento del Ejecutivo por promover un nuevo estado de calamidad generó discusiones acaloradas en el Congreso sobre si el aprobarlo ayudaría a un mejor manejo de la pandemia. Por un lado, el oficialismo jugó la carta de que su aprobación derivaría en compras ágiles de insumos y medicamentos para atender a la población, aunque este argumento no terminó de convencer.

El balance de fuerzas no favoreció a los diputados aliados al Ejecutivo y, finalmente, el estado de calamidad finalmente no fue aprobado. Ello demostró, por un lado, cómo se fragmentó la alianza oficialista, ya que hubo un grupo de legisladores que se deslindó y votó junto con los diputados de oposición a favor de improbar el decreto.

No obstante, hubo quienes solicitaron a gritos su aprobación, argumentando que si se improbaba podría haber un desabastecimiento de insumos en los hospitales para atender la crisis sanitaria y ello derivaría en muertes de la población.

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Estos argumentos no fueron sustentados por sus promotores y ello derivó que no se ratificara el estado de calamidad. De tal cuenta, quedaron sin vigencia varias medidas, entre ellas la disposición que autorizaba al MSPAS a realizar compras por excepción, esquivando los procedimientos de una cotización o licitación.

Previo a que se improbara el estado de calamidad, se publicaron en el portal de Guatecompras 199 concursos bajo la modalidad de excepción, los cuales se prescindieron o fueron declarados desiertos.

De momento, todas las compras que realice el MSPAS y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social deben respetar los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado de acuerdo con el monto involucrado.