En esta legislatura hay diputados que podrían elegir jueces y magistrados, pese a que en su contra pesan señalamientos de corrupción. De tal cuenta, seleccionar a los juristas que más adelante podrían juzgarlos supone un conflicto de interés y por ello hay voces ciudadanas que les exigen abstenerse de participar en la elección.

El Congreso de la República está por cumplir dos años de retraso en renovar magistrados de Cortes de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia (CSJ). El proceso se ha ido posponiendo por razones que van desde la inobservancia de plazos legales hasta amaños políticos que el Ministerio Público advirtió en el proceso.

Pero el problema no se limita solo a los atrasos, sino a la falta de idoneidad que se reprocha tanto de los candidatos a ocupar las magistraturas, como de algunos diputados que deberán seleccionarlos.

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En el caso de los congresistas que votarán, hay tres que fueron señalados en la Lista Engel: Estuardo Vargas, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Felipe Alejos y Boris España, ambos de la bancada Todos. El Departamento de Estado de Estados Unidos los incluyó en el listado de personas que están involucradas en actos de corrupción o socavamiento de las instituciones democráticas.

Los reproches ciudadanos también alcanzan a los 12 diputados que integran la Unidad del Cambio Nacional (UCN), un partido que el gobierno de EE. UU. señaló de tener ideología “narco”. Su máximo líder, Mario Estrada, fue condenado a 15 años de prisión por narcotráfico.

Agentes secretos descubrieron cómo en 2019, mientras Estrada era candidato presidencial y se encontraba en Miami, Florida, ofreció vía libre al Cartel de Sinaloa para traficar toneladas de cocaína a EE. UU. en caso resultara electo. Además, intentó asesinar a fiscales y rivales políticos, señalaron las investigaciones.