En los últimos dos años ha sido común observar al presidente de la república, Alejandro Giammattei y a distintos funcionarios de Gobierno inaugurar obras y promocionar su figura en actividades oficiales.

Cuando se trata de diputados, estos argumentan que asisten a las actividades como parte de las funciones de fiscalización que les otorga la ley. Aunque en la práctica, son oportunidades para obtener réditos políticos frente a la ciudadanía.

Estos actos a menudo han pasado inadvertidos por las delegaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante los últimos meses, pese a que en redes sociales múltiples usuarios cuestionan a distintos políticos ya que consideran se trata de actos disfrazados de campaña anticipada.

El pasado viernes el TSE convocó a las elecciones generales 2023. Y en el decreto que oficializa el inicio del proceso electoral se incluyen varios artículos que podrían alterar las reglas del juego que son de cumplimiento obligatorio para todos los funcionarios públicos.

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Entre estas, hay prohibiciones para empleados públicos de asistir a la inauguración de obras, promocionar su imagen, aprovechar recursos del Estado para propaganda electoral y dedicarse durante la jornada de trabajo a actividades de carácter político electoral a favor de sí mismos, de otro candidato o de una organización política.

Al consultar al TSE cómo controlará que estas prohibiciones sean acatadas, informó que cuenta con un equipo de inspección, el cual está encargado de hacer monitoreos e investigar. De encontrarse algún incumplimiento, se traslada el expediente al Registro de Ciudadanos para que imponga la sanción que corresponda conforme a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.