A nivel mundial las organizaciones de sociedad civil y parlamentarios han mostrado su malestar por los grados de confidencialidad en los que se han mantenido los contratos para la compra de vacunas contra el coronavirus.

Las casas productoras de los fármacos, conscientes de lo imprescindible que es inmunizar a la población ante una pandemia que ha cobrado más de cuatro millones de vidas a nivel mundial, han optado por exigir a los gobiernos que no revelen los términos ni condiciones de la compraventa de vacunas.

En mayo, una investigación de Transparencia Internacional advertía que existía un patrón de falta de transparencia y una tendencia de los gobiernos a censurar datos relacionados a los pedidos que realizaron países a las compañías farmacéuticas.

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Paralelo a ello, una encuesta mostraba que un tercio de la población mundial no estaba dispuesta a vacunarse, por lo que la transparencia era vital para generar confianza ciudadana en inocularse, refería la organización.

No obstante, en diversos países de la región se ha visto que algunos datos como el costo individual de cada dosis, los cronogramas de entrega de las vacunas y de manera general los componentes de los fármacos no han sido publicitados.

Incluso han surgido demandas para que se liberen las patentes y de esa forma poder producir más vacunas, ya que su fabricación ha sido limitada y la mayor parte de ellas se han focalizado en países de renta alta o media, mientras que países con economías menores sufren desabastecimiento.