La ley establece que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la autoridad máxima en materia electoral. Para ello, debe ser independiente y no estar supeditado a ningún organismo del Estado. Sin embargo, esto no quiere decir que tenga la última palabra al momento de decidir quién participa.

El pleno del TSE se conforma por cinco magistrados titulares y cuatro suplentes que son electos y nombrados por el Congreso de la República con el voto favorable de al menos dos terceras partes del total de diputados.

En todos los procesos electorales, el TSE resuelve impugnaciones de partidos políticos y de sus representantes cada vez que estos son afectados con el rechazo de una candidatura o la imposición de una multa por parte del Registro de Ciudadanos (RC).

De acuerdo con la ley, el TSE puede decidir si anula o confirma las decisiones que adopta el RC. Sin embargo, sus decisiones aún pueden ser modificadas por otras instancias judiciales. Por esta razón, analistas políticos consideran que el TSE no es del todo “supremo”, como su nombre lo dice.

“El mayor ente que regula la situación de los partidos políticos y de la democracia en Guatemala (el TSE) tiene atadas las manos desde los juzgados ordinarios, hasta la Corte Suprema de Justicia. Se ha utilizado la vía judicial para lograr la inscripción de candidatos que tienen relación con el crimen organizado y, por otro lado, negar inscripciones a personas que sí cumplen con los requerimientos”, dijo Jorge Aguilar Wong, analista político.