El Congreso de la República ha sido liderado en los casi tres años de legislatura por el partido de Gobierno, Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos). Y durante este tiempo, la actual legislatura ha acumulado tropiezos jurídicos con leyes aprobadas pero luego vetadas o archivadas por la presión social.

El primer congresista en llegar a la presidencia y ocupar el puesto por dos años fue Allan Rodríguez, que en 2022 ha pasado inadvertido del trabajo  parlamentario, mientras ocupa la presidencia la diputada Shirley Rivera.

Mediciones de instituciones como el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) y de Guatemala Visible exponen que en la novena legislatura no existe una agenda de país.

Las mediciones hechas por las dos organizaciones también exponen poco trabajo en las comisiones legislativas a quienes califican como “el corazón del Congreso”, ya que son estas mesas de trabajo quienes deberían de dar un análisis técnico, financiero, jurídico y social a cualquier iniciativa que se pretenda convertir en ley.

Pero la poca dirección que ha tenido el parlamento ha desembocado en resoluciones parlamentarias que generan estallidos sociales, como ocurrió el 21 de noviembre de 2020 con la aprobación del presupuesto.

En otros casos propuestas que fueron aprobadas por el Congreso fueron vetadas por el presidente Alejandro Giammattei por considerar que tenían vacíos, como ocurrió con la extinta Ley de Vacunación y las reformas a la Ley de Contrataciones.

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