Cada año preelectoral no faltan los cuestionamientos ciudadanos hacia figuras políticas que se perfilan como futuras candidatas a cargos de elección popular por realizar actos que la ciudadanía considera como campaña anticipada, sin que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) enmiende la plana.

En ocasiones, los llamados al voto pueden conllevar el ofrecimiento de algún regalo por parte de los aspirantes, como láminas, fertilizantes, alimentos, víveres o, incluso, los beneficios que se otorgan por medio de los programas sociales gubernamentales. A esto se le conoce como clientelismo político.

“El clientelismo político es una forma de desviar el voto y de burlar la decisión de los ciudadanos que no votan en aras de una perspectiva de país, sino por el pago o compensación por medio de una lámina o una bolsa de alimentos, por ejemplo. Esto prostituye la intención del voto”, explica el exmagistrado Luis Fernández Molina.

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La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) prohíbe esta práctica cuando se da en un proceso electoral y es responsabilidad de la autoridad electoral del país sancionar a aquellas personas que incurran en ella.

Según la normativa, las consecuencias para quien cometa esta infracción pueden ser multas de US$50 mil hasta US$250 mil y la no inscripción como candidato a cargo de elección popular.

Rafael Rojas Cetina, presidente del TSE, informó que se están realizando análisis por medio de la Unidad de Monitoreo de Medios y Estudios de Opinión y se evalúan publicaciones que realizan distintas personas para evaluar si hay una propaganda ilegal.

“Nosotros hacemos ese monitoreo y garantizamos ese derecho de defensa. Tratamos de documentar esos expedientes y hacer después las advertencias que corresponden”, dijo.