José Mauricio Rodríguez, viceministro administrativo y financiero del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), presentó antes la Corte de Constitucionalidad (CC) una acción en contra del decreto 13-2016, que penaliza con cárcel la incomparecencia de los funcionarios y particulares a la convocatoria de diputados

Dicho decreto incorpora los artículos 414 bis y 420 bis del Código Penal, que castiga a los trabajadores del Estado y particulares que no asistan a las citaciones que realice el Congreso.

Rodriguez comentó que la acción que presentó este jueves es a título personal en contra de la citación que hacen los diputados, específicamente a particulares, quienes a juicio del funcionario, no están obligados a asistir.

“Quiero dejar claro que no nos estamos haciendo reticentes, negando, o haciendo difíciles para la fiscalización de los señores diputados, estamos en la mejor disposición, lo hemos hecho siempre”, expresó.

Según Rodríguez no se opone a fiscalizaciones, sino a procedimientos anómalos y citación aparticulares @prensa_libre pic.twitter.com/q2pPtA3OG1

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) June 16, 2016

Agregó que entre ministros y viceministros han habido más de 800 citaciones este año, a las cuales todos han asistido.

Rodríguez agregó que no existe ninguna negativa a ese proceso de fiscalización, pero los procedimientos anómalos y el hecho de que se cite a particulares no está bien.

“Cuando se cinta a particulares no tienen porque asistir, nosotros como funcionarios tenemos la obligación de acudir”, indicó.

Lea también: Congreso se enfrenta al Ejecutivo por citaciones

Poderes enfrentados

El Decreto 13-2016 generó, desde su publicación, una lucha entre el Ejecutivo y Legislativo; el primero incluso vetó la normativa y los diputados unieron fuerzas y invalidaron el criterio presidencial.

El decreto 13-2016 fue aprobado el 4 de febrero último, con  moción avalada por 113 diputados. Luego, 107 congresistas aprobaron la creación de la normativa, pese al rechazo de la bancada de gobierno, que insistía en que se avalaba  abusos en las citaciones.

El 9 de marzo, Morales vetó las reformas al Código Penal,  con el argumento de que violaba el artículo 17 de la Constitución, que establece que “no hay delito ni pena sin ley anterior”.

El rechazo al veto presidencial se dio en medio de denuncias de abusos por parte de los legisladores en las citaciones; el  ministro de Salud, Alfonso Cabrera, aseguró que ha sido citado cerca de 32 veces en los dos meses que lleva en el cargo, y que sus viceministros habrían llegado  unas 31 veces.