Esas acciones las emprendió la CGC con base en los hallazgos durante la auditoría efectuada al Presupuesto General de Gastos del 2013 y auditorías especiales de junio del mismo año al presente mes.

El informe, que fue entregado ayer al presidente del Congreso, Arístides Crespo, por parte de la contralora, Nora Segura, revela que de las 97 querellas presentadas, 43 son contra alcaldes y corporaciones. Destaca que hay siete contra el jefe edil de Quetzaltenango, Jorge Barrientos.

También hay 28 denuncias contra funcionarios de varios ministerios, entre ellos la exministra de Ambiente, Roxana Sobenes, por la adjudicación de un contrato de Q47 millones; en Cultura y Deportes, una de Q16 millones por la contratación de juegos mecánicos.

Otra querella es contra la junta directiva del Instituto Nacional de Electrificación (Inde) por Q44 millones, que adjudicó un estudio de factibilidad para el proyecto hidroeléctrico Xalalá. Entre los denunciados está el ministro de Energía y Minas, Érick Archila.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) tiene tres denuncias penales: la primera, contra del exgerente Arnoldo Adán Aval Zamora, por arrendamiento de un inmueble por Q14 millones sin autorización de la junta directiva; la segunda, porque el jefe de compras del hospital de Totonicapán benefició a la empresa de un familiar con contratos por Q800 mil. La tercera es por compras sobrevaloradas por 694 mil para su departamento de mantenimiento.

La CGC también emitió cinco mil 95 sanciones pecuniarias, de las cuales mil 912 fueron contra alcaldes, sus corporaciones y empleados municipales.

Mil 563 sanciones fueron emitidas contra las entidades gubernamentales, entre ellas ministerios y secretarías, entidades descentralizadas y autónomas.

Segura explicó que las sanciones emitidas obedecen al fraccionamiento en la compra de bienes y servicios, aplicación incorrecta de renglones presupuestarios, incumplimiento en cláusulas de contrato, fallas en la publicación en Guatecompras, incumplimiento de normas y disposiciones legales y operaciones pendientes de regularizar en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).

No se dejan fiscalizar

Entre las entidades que no se dejaron fiscalizar figuran las municipalidades de Tucurú y Lanquín, Alta Verapaz. Según Segura, prefieren pagar la multa que evidenciar los vicios que cometen en el manejo de los recursos públicos.

También la Universidad de San Carlos (Usac), cuyas autoridades han sido denunciadas desde el 2012, pues cuando los auditores intentan ingresar, esa casa de estudios es tomada por estudiantes.

Segura indicó que durante el período auditado se anularon 19 eventos de licitación por Q633 millones. Esos se lograron suspender porque se constató que no se seguía el procedimiento legal.

A la vez se reporta que del 2012 al 2013 se promovieron 206 juicios, también hubo 14 sentenciados y 57 casos donde fueron absueltos los acusados en segunda instancia.

Segura señala que se presentaron 362 juicios económicos coactivos derivados de sanciones, de los cuales hubo sentencia en 65 de ellos por Q18.6 millones, mientras que en proceso hay 30, 61 fueron admitidos y se aprobaron 206 medidas coercitivas.

Por aparte se indica que de los juicios económicos coactivos derivados de sentencia se reportan 70 procesos por Q18.4 millones.

Último informe

Este es el último informe que presenta Segura, debido a que próximamente dejará el cargo, por haber cumplido cuatro años. Según la funcionaria, su período concluye el 9 de junio, y no el 13 de octubre, como se tenía previsto, ya que su nombramiento fue hecho por el Congreso.