Denuncian intimidación contra organizador de protestas

Tony Pérez, uno de los organizadores de las manifestaciones pacíficas en contra la corrupción en Quetzaltenango, denunció este lunes en el Ministerio Público (MP) un atentado en contra de su negocio, ubicado en la zona 3 de esa ciudad.

Los organizadores de las marchas pacíficas dialogan con Jorge Molina, fiscal distrital del MP de Quetzaltenango, luego de que se presentara la denuncia del atentado contra del negocio de Tony Pérez (de gorra). (Foto Prensa Libre: Alejandra Martínez)
Los organizadores de las marchas pacíficas dialogan con Jorge Molina, fiscal distrital del MP de Quetzaltenango, luego de que se presentara la denuncia del atentado contra del negocio de Tony Pérez (de gorra). (Foto Prensa Libre: Alejandra Martínez)

El domingo último por la noche, desconocidos lanzaron una antorcha en el interior del negocio de Pérez, lo que originó un incendio que fue controlado por los Bomberos Voluntarios, pero dejó pérdidas de más de Q4 mil.

Pérez dijo que hizo la denuncia con la confianza de que las autoridades determinen el origen de la agresión, pues se siente amenazado por su participación en la organización de las manifestaciones que iniciaron en abril de este año, a las cuales miles de personas se han sumado.

El afectado dijo que no tiene idea de dónde provino el ataque, pero que teme por la integridad de sus otros siete compañeros de organización; sin embargo, las marchas y manifestaciones continuarán, ya que este mensaje los motiva a seguir en la lucha por la justicia.

“Se nos trató de involucrar como simpatizantes de un partido político, reiteramos que no tenemos nada que ver con ningún grupo y somos independientes totalmente, ahora este atentado, nos da pena porque pueden agravarse las cosas,” señaló el afectado.

Añadió que de ahora en adelante se conformaron como colectivo “Vos” para estar mejor organizados y continuar con las propuestas de cambio en el país.

Diana Córdova, otra de las organizadoras de las marchas, dijo que el ideal de su agrupación es exigir justicia; sin embargo, aseguró que esto no es más que un vejamen de la esfera política que se está metiendo con la generación equivocada.

“Somos dirigentes que damos la cara, tenemos la solvencia moral para exigir y tenemos el ideal de mejorar la situación del país, como ciudadanos hemos dado un ejemplo de paz en las concentraciones,” resaltó Córdova.

Investigan

Norma Morales, fiscal del MP a cargo de la investigación, dijo que recabaron indicios que serán enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, para su análisis, además, se registraron los daños ocasionados en el comercio y en un inmueble continuo.

“Es posible que exista mano criminal por los indicios localizados; sin embargo, se debe continuar con la investigación del caso, y se tendrá que determinar si existe algún solvente con el que se inició el fuego”, resaltó la fiscal.

Por aparte, Jorge Molina, fiscal distrital del MP, dijo que se pondrá especial atención en este caso debido a que a todas luces se trata de una intimidación en contra de quienes se han dedicado a promover las manifestaciones.

“Es un acto de vandalismo para intimidar a los jóvenes que forman parte de un movimiento a nivel nacional, haremos el mejor esfuerzo para determinar quién fue, porque no es aceptable que sucedan este tipo de cuestiones, las cuales son intolerables,” refirió Molina.

El fiscal añadió que coordinará con la Policía Nacional Civil para el resguardo de estas personas.

Flor Gómez, auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos en Quetzaltenango, condenó las acciones en contra del organizador y como institución continuarán el acompañamiento respectivo.

“Es preocupante que este tipo de situaciones se den, sobre todo si se llega a comprobar que es una intimidación, ya que el afectado es uno de los organizadores de las manifestaciones, en el ejercicio de derechos humanos corresponde a las autoridades ser tolerantes con las expresiones,” refirió Gómez.

Agregó que el ejercicio ciudadano en las manifestaciones ha sido pacífico y de altura, y que no se había visto algo similar, pero este es un punto de partida para que las autoridades asuman responsabilidades en protección de los derechos fundamentales de la población.