Según Rony López, jefe de la fiscalía específica, mientras no haya controles en las cárceles para inhabilitar los celulares a los reclusos se dificulta el combate de las extorsiones.

López explicó que mensualmente esa actividad deja a los extorsionistas entre Q8 millones y Q10 millones.

Extienden método

El fiscal refirió que el modelo que utilizan para combatir la extorsión lo extendieron a los municipios del departamento de Guatemala.

Al momento en que las personas presentan la denuncia se hace directamente en la unidad contra las extorsiones y se le da atención personalizada.

Las víctimas deben proporcionar el número de teléfono del que las llamaron para exigirles dinero a cambio de no matarlas, así como otra información para empezar las pesquisas.

“Es importante que los afectados puedan proporcionar la mayor cantidad de datos que tengan, ya que eso es útil para la investigación”, agregó el jefe de la Fiscalía.

Con la información, en 72 horas se puede saber quién es el extorsionador. Se puede determinar si es un vecino, familiar, amigo o alguna pandilla, comentó López.

Según las investigaciones se ha logrado establecer que el 90 por ciento de las extorsiones se producen desde los centros carcelarios, sobre todo en el Preventivo para Hombres, zona 18, y El Boquerón, Cuilapa, Santa Rosa.

Los que más sufren por ese flagelo son los transportistas extraurbanos; después, los de rutas cortas, comerciantes y dueños de residencias.

Los presos extorsionistas tienen personas afuera que investigan a las víctimas y proporcionan esa información para intimidarlas.

Menos tiempo

Con la extensión del método se reduce el tiempo de investigación. Ya que antes cuando se presentaba la denuncia, a los ocho días llegaba a la unidad, a la siguiente semana el fiscal conocía el caso y al mes se tenía información del proceso.

“Ahora, en 72 horas ya tenemos un avance significativo de la denuncia”, aseguró López.

Una de las dificultades para enfrentar ese ilícito es la demora para que un juez autorice que el número de teléfono pueda ser analizado en el despliegue de llamadas para determinar en qué lugar se origina la comunicación.

“Lo que buscamos es que se agilice ese proceso, ya que está en riesgo la vida de las víctimas”, enfatizó López.