CIUDAD DE GUATEMALA – La acción fue interpuesta por organizaciones aglutinadas en la Convergencia de Derechos Humanos.
La jueza ordenó a la comisión que “suspenda provisionalmente el punto sexto del acta de fecha diecisiete de julio del dos mil catorce, en la cual se aprobó la tabla de gradación”.

También advierte de que no debe evaluar a ninguno de los aspirantes con esa tabla. Establece plazo de tres días, a partir de que la comisión sea notificada, para que los postuladores diseñen una nueva.

El fallo provisional de la jueza insta a la comisión a preparar una tabla de conformidad con la Constitución, la Ley de Comisiones de Postulación “y directrices interpretativas contenidas en la sentencia de fecha trece de junio del año dos mil trece”.
El abogado Leonel Dubón, otro de los interponentes del amparo, dijo que los comisionados no respetaron los lineamientos de la sentencia de junio del 2014.

En la tabla de gradación, los comisionados dan un valor excesivamente alto a la antigüedad, 75 por ciento, y no a las capacidades.
No se toma en cuenta la evaluación de la honorabilidad y tampoco la
honradez.

Iduvina Hernández, una de las interponentes, explicó que la jueza los instruyó para entregar una copia del oficio al Paraninfo, zona 1.

“Legalmente, la Comisión de Postulación ya está notificada”, manifestó.

La postuladora debiera empezar a reunirse a partir de hoy, aunque la comisión podría apelar la decisión de la juzgadora en la Corte de Constitucionalidad.Esta resolución responde a un amparo presentado por la Convergencia por los Derechos Humanos, quienes señalaron que la tabla violaba el principio de igualdad de los aspirantes.

La jueza Sara Leticia Folgar Lemus ordenó que en un plazo de tres días se apruebe una nueva tabla de gradación.

Los requisitos para magistrados de la Corte de Apelaciones son: ser guatemalteco de origen, mayor de 40 años, abogado colegiado activo, ser de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y haber sido juez de primera instancia, magistrado o haber ejercido la profesión de abogado por más de cinco años.

La postuladora recibió los expedientes de 1 mil 28 aspirantes, esta semana inició con la depuración de los mismos y excluyó 164 documentos que no llenaban los requisitos mínimos.

Se tenía previsto que la próxima semana se procediera a calificar los expedientes, al concluir el plazo para que los candidatos que quedaran fuera presentaran sus pruebas de descargo.

MANERAS DE EVALUAR

El Movimiento pro Justicia propone evaluar con pruebas o entrevistas las competencias genéricas, como la empatía, persuasión, autoafirmación, liderazgo, solución a problemas, comunicación eficiente y dominio de tecnologías de la información.

“El fin es evaluar, más allá de su capacidad doctrinaria, sus capacidades personales”, expresó Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento pro Justicia.

El presidente de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, en entrevista con Prensa Libre, el 31 de julio pasado, advirtió del riesgo de desacato de la resolución de esa corte, la cual establece que los comisionados deben pronunciarse a viva voz y fundar su decisión en capacidad, idoneidad y honradez.

REACCIÓN -Acatarán resolución-

El presidente de la Comisión de Postulación para salas de Apelaciones, Carlos Alvarado, dijo que en cuanto sean notificados oficialmente, los comisionados serán convocados para hacer un nuevo diseño de la tabla de gradación.

“Luego del amparo habría que plantear los cambios a la comisión de postulación que ha actuado en forma transparente. Si hay desacuerdos, que a veces se dan, se trata de situaciones en las cuales no se puede quedar bien con todos”, resumió.

La resolución del Juzgado Quinto de Instancia Civil causó sorpresa entre los decanos.

Milton Argueta, de la Universidad Francisco Marroquín, se abstuvo de opinar porque dijo desconocer la resolución judicial.

Fredy Cabrera, de la Universidad Da Vinci, tampoco conoce el fallo; pero opinó que la Comisión de Postulación debe apelar en la Corte de Constitucionalidad, para obtener una sentencia definitiva y que el proceso sea estable, “porque si no, cualquier persona podría interponer cualquier recurso ante un juez y este, al otorgarlo, entorpecer el proceso”.