Miguel Maldonado, de la organización Juventud Roja, indicó que 10 personas han sido víctimas de persecución y seis ya recuperaron su libertad, pero continúan siendo criminalizados.

Recordó que el Estado debe consultar a los pueblos indígenas sobre asuntos que puedan afectar sus territorios; además, apoyan las decisiones de la Corte Constitucionalidad que reafirma que no pueden otorgarse licencias para uso de bienes naturales, sin previa consulta a los pueblos indígenas que podrían salir afectados.      

Fausto Sánchez, autoridad maya y quien estuvo privado de libertad durante dos años y medio, indicó que los líderes perseguidos que están en prisión, habían sido señalados de plagio y secuestro, asociación ilícita, coacción, instigación a delinquir y robo agravado.

Falta equidad

Sin embargo, fueron condenados por atentado específico. Añadió que falta equidad en la justicia, ya que no todos recibieron las mismas condenas, a pesar de que se trataba supuestamente del mismo delito. 

“No estamos en contra de las hidroeléctricas, porque un país sin inversión privada extranjera, es un país sin desarrollo. Las empresas transnacionales y privadas también deben de respetar las leyes de nuestro país y las decisiones del pueblo”, manifestó.