Los cuerpos fueron localizados en toneles de basura ubicados en diversas áreas de la cárcel.

Los siete reos tenían golpes, quemaduras, y al parecer fueron asfixiados por pandilleros rivales.

Frente a la prisión permanecieron familiares de reclusos, quienes reconocieron a las víctimas.

Autoridades efectuaron una requisa en la cárcel El Boquerón y trasciende que otros dos reos están desaparecidos, pero aún no esta confirmado.

Caso reciente

El 8 de este mes,  autoridades del centro carcelario El Boquerón hallaron muertos a tres reclusos, en uno de los baños.
En un principio se pensó que se habían fugado. pero luego de hacer una búsqueda en la cárcel fueron hallados muertos  con señales de violencia en uno de los baños de la cárcel.

En el centro carcelario se indicó que hay 284 privados de libertad de los llamados Los Paisas; 208 de los Cholos y 25 aislados para hacer un total de 517 reos en dicho lugar.

Los reos muertos recientemente  pertenecían al grupo Los Paisas, uno fue identificado como Gilmer Geovany Yumán, de 28 años, quien había sido detenido el jueves último cuando custodiaba un arsenal; se le incautó un fusil con 12 municiones.

Cuatro reos mueren decapitados

En 12 de febrero del 2003,  un motín provocado por una pugna de poder en el Centro Preventivo de la zona 18, en la capital, dejó siete reos muertos, cuatro de ellos decapitados. Una de las víctimas era el sargento Obdulio Villanueva, implicado en el asesinato de monseñor Juan José Gerardi.

A esto se sumaron 14 reos heridos, a quienes los bomberos Voluntarios y Municipales trasladaron al Hospital San Juan de Dios.

El motín,  provocado por el descontento de los pandilleros  “cholos”, por los supuestos privilegios de los reclusos militares, inició a las 9:30 horas, después de que ingresara la visita de los internos a los sectores 3 y 10.

Ello generó la movilización de unos 800 agentes de la Fuerza Especial Policial, FEP, con el apoyo del Ejército, para controlar los disturbios. Mientras, un helicóptero con francotiradores sobrevolaba el área.

Corrupción tras las rejas

El Sistema Penitenciario (SP) es señalado por diferentes sectores como “la cenicienta de la justicia guatemalteca”, debido a la incapacidad de sus autoridades para tomar el control de las prisiones y evitar que ocurran vejámenes contra reos de reciente ingreso, a quienes otros internos exigen fuertes sumas de dinero a cambio de no golpearlos —talacha—, un jugoso negocio ilegal que florece tras las rejas.

En el Centro Preventivo para Hombres de Huehuetenango, un grupo de reclusos y sus custodios obtienen ganancias millonarias por la talacha, según algunos internos.

Fuentes oficiales consideran que, en lo que va del año, en Huehuetenango jefes de sectores habrían recaudado unos Q9.2 millones del pago de talacha por parte de mil 229 presos. En el 2014, la cifra fue de Q19 millones 605 mil, que fueron acumulados por el pago que hicieron dos mil 614 reclusos.

Un reo que por seguridad adoptó el nombre de Mario, aseguró ser víctima de pandilleros que tienen el control de la cárcel, y que tanto estos como los custodios le exigen dinero a cambio de no golpearlo o atacar a su familia.
Otro afectado indicó que los guardias facilitan teléfonos a los nuevos reclusos para que llamen a sus familiares, por lo cual les cobran.

De lo recaudado por la talacha y alquiler de teléfono, el 75 por ciento va para los custodios y el 25 por ciento, para los internos que integran la red, según los afectados.

Sergio Tumax, auxiliar fiscal del Ministerio Público, señaló que en lo que va del año se han recibido nueve denuncias, las cuales han tratado de investigar; sin embargo, se encuentran con la dificultad de que las víctimas desisten de los procesos, por temor a venganzas.

En Jutiapa

Recientemente, en una reunión sostenida por autoridades del sector de justicia en Jutiapa, en la cual se discutió la problemática que representa la prisión local, se destacó que algunos reos recaudan miles de quetzales producto de la talacha, que en algunos casos van desde Q15 mil a Q20 mil por recluso.

Hay casos en los cuales, según se ha señalado, los reos son golpeados y obligados a limpiar bartolinas y sanitarios colectivos, o son torturados con baños de agua fría, no les permiten dormir y deben permanecer de pie durante varias horas. Algunos de los agredidos han muerto a causa de lesiones.

Jorge Cruz, de la comisión que gestiona la construcción de una nueva cárcel en Jutiapa, comentó: “Estar en la cárcel es un buen negocio. Sabemos del caso de un reo que cuando entró no tenía ni para pagar un abogado. Ahora, luego de dos años preso, ya construyó una casa de dos pisos y tiene un vehículo de modelo reciente”.

Agregó que los reos jefes y subjefes de sector no les interesa quedar libres porque estar en prisión les genera jugosas ganancias.

Iniciativa

Rudy Esquivel, vocero del SP, explicó que desde el 2012 fue lanzada una campaña para fomentar la denuncia de acciones que amenacen la convivencia en las prisiones del país.

Esquivel indicó que la talacha es una acción delictiva que se caracteriza porque se comete en el anonimato, generalmente ocurre por falta de denuncia y también porque algunos empleados del SP participan en ella.

Agregó que este año 40 reos han sido trasladados de prisión, por sospechas de posibles vínculos con el cobro de talacha.

La Procuraduría de los Derechos Humanos destacó en su informe del 2014 que las autoridades de gobierno deben poner atención a la falta de control y seguridad en las cárceles del país, así como a la corrupción que vincula a funcionarios del SP y reclusos.