Víctor Sarat, coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, opinó que el mandatario “tiene potestad” para hacer esos cambios, porque las reformas a la Ley Orgánica de la SAT “le dan un asidero legal”.

Sin embargo, precisó que “no hay conveniencia en hacer un cambio radical y sacar a los cuatro directores, porque se debilita a la institución. Simplemente y desde un punto de vista técnico, no sería recomendable”, señaló.

Pedro Prado, experto fiscal de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, comentó que es oportuno separar la opinión del presidente en la factibilidad de hacer cambios en la institución y analizar por qué defiende la contratación de una empresa extranjera.

“Hay que recordar que la opinión pública vio con desconfianza la contratación de una empresa argentina para aumentar la recaudación. También debe tomar en cuenta que llegar a una meta tributaria depende del comportamiento de la economía y, en este caso, del comercio exterior”, declaró Prado.

Sarat agregó que el proceso de cambio de directorio no se puede hacer de forma automática, pues “obligadamente se deberá convocar a una comisión de postulación” que dentro de un plazo de 90 días presentará al presidente “una nómina de ocho candidatos a miembros a directorio de la SAT”.

Mal mensaje

Édgar Gutiérrez, coordinador general del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, indicó que la decisión del directorio de la SAT “se debió en parte a la opinión pública adversa y porque no había acuerdo”.

“Si el presidente por esa razón quiere destituir al directorio envía una mala señal, porque irá contra la opinión pública, que tiene muchas dudas”, dijo.

El analista afirmó que el problema de la SAT es una cuestión de las intendencias, particularmente de Aduanas y Recaudación. “La SAT falla porque su aparato está poroso. Buscar las causas de esa debilidad en el directorio es ir en una dirección equivocada”, declaró.