Los cadáveres tienen golpes y heridas de arma blanca y fueron hallados en el sector 11, donde son recluidos pandilleros del Barrio 18.

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Los cuerpos habrían sido encontrados durante la supervisión habitual que hacen a las 5 horas. Supuestamente les fueron colocados carteles que decían que los homicidios habrían ocurrido contra ellos por ser colaboradores del Ministerio Público (MP), sin que tal extremo fuera confirmado por una fuente oficial. 

Lo que es un hecho es que el MP emitió un comunicado sobre el tema para hacer público que los reos muertos no formaban parte de su Programa de Protección a Testigos o colaboradores eficaces.

El MP aseguró que “cumple rigurosamente con los protocolos de seguridad establecidos para las personas que tienen alguna participación en las investigaciones, ello con el objetivo de garantizar su resguardo ante cualquier eventual amenaza contra su vida e integridad física”, detalla el comunicado.

En esa ocasión, autoridades del Sistema Penitenciario (SP) y la Policía Nacional Civil (PNC) informaron que se localizaron dos subametralladoras calibre 9 milímetros, cuatro pistolas, seis tolvas, 974 municiones de diferentes calibres, cuatro granadas, 46 armas punzocortantes, 12 machetes, una llave para grilletes, un teléfono satelital, 14 celulares, 22 baterías para celular, dos módems de internet, cinco paneles solares y dos computadoras.

El 21 de enero, durante otra requisa, autoridades localizaron el cadáver en estado de descomposición de un reo, además de otro armamento. 

Pandillas serían tratadas como terroristas

El ministro de Gobernación Enrique Degenhart dijo recientemente que solicitará al Congreso una reforma al Código Penal para que se declare a la Mara 18 y a la Mara Salvatrucha como organizaciones terroristas.

Degenhart del @mingobguate pide al Congreso una reforma al Código Penal para que declare a la mara 18 y mara Salvatrucha como organizaciones terroristas y a #EEUU que los ingresen al listado de la #OFAC pic.twitter.com/o02wmft63r

— Henry Pocasangre (@hpocasangre_pl) 29 de enero de 2018

El 31 de enero último, la Procuraduría de Derechos Humanos denunció que las cárceles tienen infraestructuras deterioradas, sobrepoblación y hacinamiento, corrupción interna y falta de control y de seguridad.

Esta situación, que dificulta tener el control de los centros carcelarios y pone en riesgo la vida e integridad de los privados de libertad, añadió, también tiene “un gran impacto en la seguridad ciudadana“, pues desde las propias cárceles “se planifican y cometen delitos”, particularmente la extorsión.

A juicio de la magistratura de conciencia, que presentó el Informe Anual Circunstanciado 2017 sobre la situación de los derechos humanos en el país, el Estado sigue utilizando cuarteles militares para los reos, incumpliendo lo establecido en la Constitución.

La Procuraduría advierte además de que el presupuesto del Sistema Penitenciario, a cargo de los 22 centros carcelarios que hay en Guatemala, no ha sido fortalecido y en algunos casos fue hasta disminuido, y que las autoridades no logran tener su control.

En los últimos tres años, 127 personas privadas de libertad murieron de forma violenta, al menos 14 en 2017, y otros reos han denunciado agresiones físicas graves por parte de otros compañeros de reclusión que buscan, por ejemplo, “un espacio donde dormir”.

Por ello la Procuraduría de Derechos Humanos pide separar a los reos según su situación jurídica, su sexo y su peligrosidad; fortalecer la seguridad, desarrollar un programa integral de salud para los presos, coordinar los traslados, garantizar una alimentación suficiente y adecuada y mejorar los recursos financieros.

En los 22 centros carcelarios de Guatemala hay más de 20 MIL presos, lo que representa un hacinamiento del 200 por ciento, de acuerdo con las autoridades, que han reconocido en numerosas ocasiones que el control de las cárceles recae en las pandillas, y no en ellas.

Con información de EFE