Aminta Quintero se refiere a lo que le pasó a su hijo en 2006, pero bien podría hablar de ella misma.

Ambos acudieron al médico por un resfriado fuerte y éste les prescribió un expectorante sin azúcar, la última novedad de la Caja del Seguro Social de Panamá para ese tipo de padecimientos leves.

Era el que se conocería después como el “jarabe de la muerte”, que causó un envenenamiento masivo, el mayor escándalo sanitario de la historia del país centroamericano.

Se saldó con unos 400 muertos según cifras oficiales, el doble de acuerdo al comité de víctimas, y miles de afectados, entre ellos 250 menores.

El brebaje debía contener glicerina, pero en lugar de ello estaba hecho a base de dietilenglicol, un refrigerante industrial altamente tóxico.

Para cuando había agotado frasco y medio, la situación era ya insostenible.

“Ya tenía tos, pero en ese punto ya no podía parar”, cuenta la mujer, “los pulmones me quemaban, empecé a vomitar recurrentemente, me dolía la cabeza constantemente, tenía diarrea y dolor de cabeza”.

Pero los males no terminaron ahí: “Con los años empeoró. Fue de forma progresiva”.

Así, comenzaron los problemas renales, las inflamaciones en las articulaciones, las dificultades para caminar, los quistes. “Y hoy, 12 años después, sufro de fibromialgia, epilepsia, daños en el hígado, visión borrosa, quistes múltiples en el útero y cáncer en el seno derecho“, enumera.

“Además tengo moretones en todo el cuerpo, que está hinchado por dentro y por fuera, y no tengo un pedazo de piel en el que me puedan meter una aguja sin destrozar tejidos”, cuenta, quien a sus 45 años se ve obligada a usar bastón.

La panameña asegura que todo ello se debe a la intoxicación por el jarabe en cuestión. “Tenemos todos los certificados de médicos particulares que así lo acreditan y que ahora presentamos como prueba”.

Le achacan negligencia y aspiran a una indemnización de US$6 millones para cada una.

“La demanda es sencillamente para que el Estado se haga responsable e indemnice a estas familias, porque el hecho está probado”, le dice Víctor Orobio, el abogado que los representa, a BBC Mundo.

Explica que este es solo el primer lote de demandas y que para abril habrán presentado 400 por un caso que no solo es el peor escándalo de salud del país, sino también el mayor envenenamiento por dietilenglicol de todo el mundo.

200.000 frascos de jarabe adulterado

La historia se remonta a 2003, cuando la Caja del Seguro Social compró cerca de 9.000 kilos de lo que se pensaba era glicerina pura a la empresa panameña Medicom.

Ésta, a su vez, la había adquirido de la farmacéutica española Rasfer Internacional S.A., quien se la compró al grupo chino CNSC Fortune Way Company.

Con esa supuesta glicerina pura, el Seguro Social elaboró un jarabe para el resfriado y la gripe que resultó no apta para consumo humano.

Las autoridades sanitarias distribuyeron en el país 200.000 frascos, pero no fue hasta 2006 cuando empezaron a identificar los primeros casos de envenenamiento.

Hasta entonces, las muertes las habían achacado a una enfermedad atípica, denominada síndrome de insuficiencia renal.

“El 10 de octubre de 2006 el Ministerio de Salud dio la alerta sobre el jarabe y llegaron a retirar todos los frascos”, recuerda Holanda Hernández, otra de las afectadas.

Para entonces llevaba algo más de un mes tomando lo que pensaba era un medicamento para un resfriado que “podía convertirse en neumonía”.

Y ya sentía mareos, insomnio, la vista nublada, dolor en las articulaciones y en la espalda. “En resumen, una sensación horrible que no se la deseo a nadie“.

También le dolían las piernas. “Pero no lo asociaba con el fármaco. Se lo achacaba a los tacones que usaba y con los que me caía a cada rato. Esas caídas tan raras tampoco las relacioné con el jarabe”, explica.

Fue entonces cuando su hija, quien también consumió el medicamento adulterado, empezó a ser hospitalizada de forma continua “de forma inesperada e inexplicable”.

Hoy ambas cuentan con un carné emitido por el Ministerio de Salud que las acredita como víctimas de la intoxicación por dietilenglicol.

“A mí me lo dieron en 2013, pero el de mi hija no lo conseguimos hasta 2017, porque nos decían que siendo tan joven lo suyo no podía ser por eso”, recuerda Hernández.

“Fueron años de juntar evidencias de frascos, hojas de hospitalización… de presentar recursos legales y apelaciones a los fallos”.

Y es que no están de acuerdo con la respuesta de los tribunales al escándalo.

En un principio fueron imputadas 27 personas, pero la cifra se redujo a 11.

En julio de 2016 seis de ellas fueron absueltas y cinco condenadas, un empresario y cuatro exfuncionarios.

Así, Ángel Ariel de la Cruz, el director de Medicom (fabricante del jarabe), fue sentenciado a cinco años de prisión y a las otras cuatro personas halladas culpables les correspondió 12 meses de prisión conmutable, según informó en aquel momento el Órgano Judicial de Panamá.

• La condena mínima de prisión por el jarabe tóxico que mató al menos a 400 personas que causa indignación en Panamá

“Fue una condena irrisoria“, se queja Hernández.

Y Quintana, uno de sus 49 compañeros de demanda, concuerda. Por eso exige reparación al Estado.

“El abogado Víctor Orobio calcula que la indemnización justa sería US$6 millones por cada afectado, pero yo opino que debería ser mucho más”, dice tajante.

“El sufrimiento de estos 12 años, de la gente que vive atada a un hospital, de los que piensan en matarse porque lo suyo no tiene remedio, no tiene precio”.

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