Eso es lo que falló este jueves Yuri Ivanenko, juez del máximo tribunal ruso.

Con ello, tomó como válida una demanda presentada el 30 de marzo por el Ministerio de Justicia, en la que señalaba al movimiento religioso de base cristiana de constituir “una amenaza para los derechos de los ciudadanos, el orden social y la seguridad pública”.

El Ministerio ya había suspendido el trabajo del Centro por considerarlo “extremista”, hasta que el alto tribunal dictase la sentencia definitiva.

Y ahora, según lo leído por el juez Ivanenko, el fallo obliga a los Testigos de Jehová a “entregar sus propiedades a la Federación Rusa“, tal como lo había solicitado el Ministerio.

Los voceros del movimiento en Rusia negaron todas las acusaciones en su contra y se mostraron “conmocionados”.

Y sus abogados informaron que apelarán el fallo ante la Corte Europea de Derechos Humanos, la única opción que les queda agotada ahora la vía legal del país.

“No pensaba que pudiera suceder algo así en la Rusia moderna, donde la Constitución garantiza nuestra libertad religiosa“, declaró un portavoz de los Testigos de Jehová, Yaroslav Sivulsky, a la agencia de noticias AFP.

Organización de base cristiana

Los Testigos de Jehová son una organización religiosa internacional que comparte preceptos de otras corrientes no ortodoxas del cristianismo, pero que basa sus creencias en una versión propia de la Biblia.

Así, entre otras cuestiones, no creen en la divinidad de Cristo, lo que provoca el rechazo de otras confesiones cristianas, y sus miembros no pueden someterse a transfusiones de sangre.

Su entidad jurídica, la Watch Tower Bible and Track Society de Pennsylvania, fue fundada en 1881 por Charles Taze Russell. Y según sus publicaciones oficiales, el movimiento es ahora dirigido por un Cuerpo Gobernante con sede en Nueva York, también en Estados Unidos.

Este Cuerpo Gobernante es el que se encarga de establecer la doctrina oficial de la congregación, a la que según sus propios datos pertenecen más de 8 millones de personas en todo el mundo.

La fe también está extendida en América Latina, y a sus miembros se les conoce por su actividad evangelizadora, que llevan a cabo a través de publicaciones y casa por casa.

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“Criminalización”

Varios seguidores de esta fe consideran que el fallo conducirá a la “criminalización” de su práctica.

“Si continúan con su actividad normal, los Testigos de Jehová de Rusia serán vistos como criminales“, le decía Sivulsky a la BBC el 5 de abril, el día en el que inició el juicio en la Corte Suprema, y previendo que ésta fallaría en contra de su movimiento.

Esto afectaría a las 395 ramificaciones de esta fe en Rusia y a un total de 175.000 fieles que el movimiento religioso dice tener en el país.

De acuerdo al Centro, a partir de ahora sus miembros podrían ser perseguidos bajo la ley contra el extremismo, promulgada en 2002 y que sus detractores tachan de “ley para todo”.

Así, Sova, una organización no gubernamental a favor de los derechos humanos, denuncia que esa misma ley se ha aplicado contra algunos de los detenidos durante las recientes protestas anticorrupción en Moscú.

Y subraya que en base a esa ley arrestaron también a Aleksei Navalny, líder de las manifestaciones y principal opositor político del presidente Vladimir Putin, así como a uno de sus colaboradores, Leonid Volkov, a quien ahora investiga una unidad especial antiextremismo.

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“Ahora tememos que esa ley sea utilizada contra los fieles que continúen con sus reuniones para estudiar la Biblia”, le dijo este jueves a AFP Evgueni Kalinin, un miembro de los Testigos de Jehová presentes en la Corte.

“Cámaras ocultas y evidencias”

Algunos de ellos ya están en la lista de extremistas del gobierno ruso.

Vyacheskac Stepanov es uno de ellos, y al inicio del juicio en el máximo tribunal la semana pasada le contó a la BBC cómo las autoridades rusas estuvieron siguiendo sus actividades.

“La policía vino y se sentó en ese banco, justo en la mitad”, le explicó a la BBC en el salón en el que suele desarrollar sus sesiones.

“Luego nos dimos cuenta que lo hizo para poder grabar desde allí con su cámara oculta todo lo que ocurría sobre el escenario”.

Stepanov y otros fieles denuncian asimismo que la policía ha colocado evidencias contra ellos, y respaldan su afirmación con grabaciones de cámaras de seguridad captadas durante la redada a uno de sus centros, aunque esto no ha sido confirmado de forma independiente.

“Los Testigos de Jehová ya antes fueron exiliados por practicar su religión, por leer la Biblia y por compartir las verdades bíblicas con sus vecinos”, subrayó Sivulsky a la BBC.

Con ello se refería a la Unión Soviética de José Stalin, cuando decenas de ellos fueron deportados a Siberia y otros encarcelados, junto con miembros de otros grupos cristianos.

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“Y ahora estamos viendo la misma situación en la Rusia moderna”, añadió.

Iglesia ortodoxa

En esa línea, hay expertos que aseguran que la decisión contra los Testigos de Jehová forma parte de una creciente campaña de las autoridades para disminuir el poder de los grupos religiosos que compiten con la Iglesia ortodoxa, señala el editor del servicio ruso de la BBC, Famil Ismailov.

“Los Testigos de Jehová no se involucran en política, pero aun así se considera al movimiento como una desviación política sospechosa”, le dijo asimismo Geraldine Fagan, autora de Believing in Russia. Religious Policy After Communism (La fe en Rusia. La política religiosa tras el comunismo), al diario estadounidense The New York Times.

“La idea de una actividad religiosa independiente y pública que está completamente fuera del control -y también indiferente hacia- el Estado enciende todo tipo de alarmas de la Iglesia ortodoxa y los servicios de seguridad” de Rusia, añadió.

Aunque ni el gobierno ruso ni la Iglesia ortodoxa ha hecho comentarios respecto a esto.

Pero en la demanda presentada el 30 de marzo ante la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia solicitaba también cerrar el cuartel general del movimiento en San Petersburgo y prohibir sus publicaciones “extremistas”.

Y una de ellas es un documento que según éste fue distribuido por el grupo y en el que, parafraseando al novelista León Tolstói, se describía la doctrina de la Iglesia ortodoxa rusa como “superstición” y “brujería”.

La Iglesia ortodoxa es la principal en Rusia y con ella se identifica alrededor del 75% de la población, según varias encuestas, la última de 2012 llevada a cabo por la organización Levada y publicada por el Departamento Sinodal para la Caridad y el Ministerio Social de la Iglesia Ortodoxa Ruso (Pravmir).

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El presidente ruso, Vladimir Putin, quien predica contra el matrimonio y las adopciones de personas del mismo sexo, la ha considerado el “socio natural del Estado“.

Pero pese al terreno que la institución ha ido ganado en los últimos años, los expertos subrayan que no se puede hablar de una identificación entre Iglesia y Estado.

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Por otra parte, también hay quien considera que los Testigos de Jehová constituyen una secta.

“A diferencia de las sectas clásicas como las bautistas, los Testigos de Jehová controlan duramente a los miembros de su comunidad, limitan sus derechos civiles, regulan todos los aspectos de su vida, los engañan durante el reclutamiento y los explotan”, sostiene por ejemplo Alexánder Dvorkin, profesor y especialista en religiones citado por la agencia estatal rusa RIA Novosti.

Y otros señalan que el movimiento ha tenido encontronazos anteriormente con la ley.

En enero, el responsable de la comunidad en la ciudad de Dzerzhinsk, una ciudad situada a unos 800 kilómetros al este de Moscú, fue multado por haber distribuido material considerado “extremista” por las autoridades.

Aduciendo la misma razón, en 2004 fue disuelta una rama de la organización.

Aunque en 2010 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinaría que la sentencia que llevó a ello había “violado los derechos de reunión y asociación”, lo que varias organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, también consideran que hace el fallo de este jueves de la Corte Suprema.

De momento, los Testigos de Jehová ya adelantaron que recurrirán la decisión ante el tribunal de Estrasburgo, la máxima autoridad judicial en Europa para la garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales.