La Ley de Libre Acceso a la Información permite a la ciudadanía efectuar auditoría social y conocer, por ejemplo, en qué están invirtiendo los recursos públicos las autoridades.

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Así fue aprobada la Ley de Acceso a Información en 2008

Diversas instituciones públicas corrían para poder entregar desde este día información a quienes la requieran de forma verbal, escrita o a través de medios electrónicos.

Con la nueva normativa, las entidades están obligadas a rendir cuentas sobre su presupuesto, contratación o compra de bienes y servicios; el número de empleados, sueldos, dirección y números de teléfono; viajes y viáticos autorizados dentro o fuera del país, entre otros aspectos.

Para entregar esos datos a quienes los soliciten, cada dependencia debe crear una unidad de acceso a la información, de las cuales, varias ya fueron inauguradas.

En el Congreso se trabajaba a marchas forzadas para acondicionar esa oficina que estará ubicada en la 8a. avenida y 9a. calle, zona 1, la cual quedará lista para atender las solicitudes de la población. También habrá información disponible en la página de internet de ese organismo: www.congreso.gob.gt.

Los encargados de esas unidades en el Ministerio de Gobernación y en el de Agricultura aseguraron que están “casi listos” para atender los requerimientos.

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Están preparados

Entre las entidades que ya están listas para recibir y responder solicitudes está el Ministerio de Finanzas, que el domingo recién pasado inauguró su unidad de acceso a la información.

El Ministerio de Comunicaciones ya cuenta con unidades en todas sus dependencias —la Dirección General de Transporte y la de Caminos, entre otras—. También habrá datos disponibles en su página www.civ.gob.gt.

Las compras, proyectos, inversiones y sueldos de los trabajadores del Ministerio de Ambiente están disponibles desde ayer. Esa información se podrá consultar también en la página de Internet www.marn.gob.gt.

El presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, Eliú Higueros, inauguró ayer la unidad de acceso a la información de ese organismo.

Sueldos, en análisis

Higueros refirió que los datos personales, como los sueldos de empleados de ese organismo, serán “analizados” antes de entregarlos a los ciudadanos —a pesar de que la ley obliga a hacerlos públicos —.

“No queremos que la información que se proporcione pueda ser utilizada por delincuentes, y se exponga la integridad de los altos funcionarios que trabajan en el Organismo Judicial”, justificó.

El contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, expuso que desde marzo recién pasado funciona la unidad de información de esa institución.

En total, unas mil entidades públicas y ocho mil organizaciones no gubernamentales que administran fondos públicos están obligadas a facilitar los datos.

“El 99 por ciento de las dependencias del Ejecutivo están listas. Lo que falta lo trabajaremos, pero hay que reconocer que en Guatemala nos hemos preparado en tiempo récord; a México le tomó cinco años”, dijo el vicepresidente Rafael Espada.

¿Y si se niegan?

La ley establece sanciones para quienes no informen:

• Las entidades públicas tendrán 10 días para responder las solicitudes de información; el plazo podrá ampliarse, si se notifica dos días antes de que expire.
• No cumplir con esa disposición será causal de responsabilidad penal.
• Todo funcionario que niegue información será sujeto de sanciones administrativas o penales.
• Quien comercialice o distribuya por cualquier medio datos personales sin autorización expresa será castigado con prisión de cinco a ocho años y multa de Q50 mil a Q100 mil.
• También recibirá ese castigo quien altere o destruya datos personales.
• El funcionario que de manera injustificada no brinde los datos solicitados incurrirá en el delito de retención de información, y será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de Q10 mil a Q50 mil.
• Se castigará, además, con prisión de cinco a ocho años, inhabilitación para el cargo y multa de hasta Q100 mil a quien revele datos confidenciales.