El drama llega a tal extremo que las escenas pueden hasta convencer, aunque ha habido telenovelas que no duran mucho, pues al día siguiente de que el actor solventa su situación legal, ¡milagro!, se cura e inmediatamente abandona el hospital.

Muchas escenas de hospitales fueron captadas en fotografías que en las últimas semanas quedaron plasmadas en los rotativos nacionales.

Los casos del exministro de Gobernación Byron Barrientos; el gobernador de Quiché, Roberto Amílcar Ardón Girón, y el finquero Alfonso Herrera Ibargüen, son sólo el penúltimo ejemplo de un procedimiento legal cada vez más habitual, en el que los médicos pasan a formar parte de la defensa del sindicado.

A decir de abogados litigantes, evitar la prisión por el hospital también depende de las posibilidades económicas del acusado, porque no cualquiera podrá recluirse en un centro asistencial privado.

Respetan a médicos

La opinión, entre los fiscales del Ministerio Público, MP, es unánime: acatan las indicaciones de los médicos de esa institución y del Organismo Judicial.

Sin embargo, no faltan quienes se preguntan el porqué de unas enfermedades que parecen agudizarse en función de los vaivenes del proceso judicial.

El fiscal Miguel Angel Bermejo recuerda el caso de una alcaldesa de San Felipe Retalhuleu, procesada por una denuncia de la Contraloría General de Cuentas.

“La señora llevaba un mes internada en un sanatorio privado. El mismo día en que pedimos el sobreseimiento y se otorgó, recibió el alta e incluso en la noche celebró una fiesta”, relata.

Todo queda en familia

La Fiscalía de la Mujer ha llevado recientemente el caso contra Herrera Ibargüen, por abusos deshonestos a dos niñas. La sentencia de 40 años impuesta recientemente por el Tribunal no se está cumpliendo en la cárcel, ya que el finquero se mantiene ingresado en la clínica privada La Esperanza.

“Esa clínica es de su familia, por lo que ahí está como en casa”, recalca Sonia de Mejía, fiscal del caso.

Luego de haberse emitido sentencia, el tribunal ordenó una nueva evaluación de Herrera, de 75 años de edad. De ella dependerá que el procesado ingrese a prisión.

Habitación 43

En el hospital Hermano Pedro todo es tranquilidad alrededor del gran jardín central. Una tranquilidad que contrasta con la presencia de dos agentes, en una esquina del segundo piso.

Son los custodios del sacerdote Mario Orantes Nájera, condenado a 20 años de prisión por complicidad en el asesinato de monseñor Juan Gerardi Conedera.

En los dos años que lleva internado en la habitación 43, dos cosas permanecen constantes en la vida del sacerdote: los policías en su puerta y la presencia de su madre, Marta de Orantes.

Al preguntarle por el estado de salud de su hijo, se limita a decir: “sigue tomando medicinas y bajo cuidado de los doctores”.

Además, adivinando las intenciones de los reporteros, enfatiza: “Mi hijo no es de los que fingen estar enfermos, su estado es delicado”. Sin embargo, evita mencionar las enfermedades que padece el religioso.

Los agentes que vigilan a Orantes indican que sólo abandona su habitación para dar algún paseo esporádico por el pasillo, sin bajar al jardín. Casi todos los días, el cura recibe la visita de amigos y familiares, aunque apenas llegan sacerdotes.

El último examen se le practicó a Orantes durante el juicio Gerardi, en junio de 2001. En el fallo, el Tribunal Tercero ordenó que permaneciera en la misma situación hasta que la sentencia quede firme.

Mario Leal, fiscal especial del caso, indica: “Aunque haya planteado un recurso de apelación especial, se pueden efectuar nuevos exámenes médicos, a petición de cualquiera de las partes o del propio juzgado”.

El hecho es que desde la sentencia Orantes Nájera no ha visto otros médicos que no sean los del sanatorio.

Cuestión de cada hospital

El presidente del Colegio de Médicos, Eduardo García Escobar, es claro al decir: “Cada hospital tiene un comité de ética, que es el que debe analizar cada expediente de esta naturaleza”.

A decir de García Escobar, el colegio sólo puede actuar en caso de existir indicios probados de actuación ilícita del médico.

En el caso de Byron Barrientos, el comité de ética del Hospital Bella Aurora expresó sus reservas acerca de la necesidad de la hospitalización del exministro, quien próximamente será dado de alta.

Quién decide

La decisión de que el sindicado en un proceso quede internado en un sanatorio es del juez a cargo del proceso.

En la determinación del internamiento influye sobre todo el diagnóstico de los médicos ajenos al centro donde esté el acusado: forenses del Ministerio Público del Organismo Judicial.

Marco Aurelio Pineda, director de Investigaciones del Ministerio Público, donde se incluye el Departamento de Medicina Forense, indicó: “Los médicos del MP atienden las solicitudes de los fiscales y evalúan con total independencia”.

Generalizado

En lo que coinciden fiscales y jueces es en la generalización de este proceso. “Ahora, además de un buen abogado, parece que hay que buscarse un buen médico”, bromea el juez de uno de los casos.

Por ahora, los diputados del Partido de Avanzada Nacional ya han anunciado que presentarán una iniciativa de ley para sancionar a hospitales y médicos que ayuden a un paciente a evadir la prisión.