Para realizar esta operación se constituyó una Junta de Notables quienes decidirían cuál propuesta sería la ganadora. El grupo estaba presidido por Luis Flores Asturias, vicepresidente de la República, e integrada por Fritz García-Gallont, ministro de Comunicaciones; Pedro Miguel Lamport, ministro de Finanzas Públicas; Alfredo Guzmán, gerente de Telgua, y representantes de J.P. Morgan, banco asesor del proceso.

Según se informó tendrían prioridad quienes propusieran comprar el 95 por ciento de las acciones, y en segundo plano quedrían los que querían menos de ese porcentaje.

Durante las semanas previas a la negociación, solo dos empresas mostraron interés por adquirir la telefónica. Datacom, subsidiaria de Deutsche Telecom, empresa alemana y con representación en Estados Unidos. También un consorcio formado por inversionistas guatemaltecos y extranjeros, que tenían como operador a France Telecom, de Francia. Además estaban precalificadas Telmex, de México; GTI, de Estados Unidos; Telefónica de España y un consorcio más de capital mixto, nacional-extranjero.

Hasta un día antes de la reunión no se conocía con certeza cuántas firmas de las seis precalificadas participarían. Para poder entrar a la negociación era necesario depositar una fianza de US$10 millones, presentar la papelería legal y contable del participante y el contrato de compra de acciones, “que sólo tenía en blanco el porcentaje a comprar y el precio por acción”, según Guzmán.

El exprocurador de la Nación, Acisclo Valladares, opinó que la telefónica no podía ser vendida en menos de mil millones de dólares, ya que de lo contrario se estaría robando a los guatemaltecos. Por su parte el entonces candidato presidencial por el Partido de Avanzada Nacional (PAN) Óscar Berger, indicó que no debía venderse por menos de US$750 millones.

La venta

En la negociación únicamente participó el grupo guatemalteco-centroamericano Luca, S.A., que compró el 95% de las acciones con un valor de US$700.1 millones a razón de US$25.59 cada acción. En quetzales esto representó Q4,790 millones 547 mil 801. La cancelación tendría que realizarla en tres años a igual número de pagos.

Al filo de las 9 horas, el gerente de Guatel, Giovanni Musella Thurm, informó a los asistentes al acto sobre el procedimiento a seguir. “De 8 a 8.30 horas ha permanecido abierta la urna para que sean depositadas las propuestas de compra de las acciones de Telgua, S.A.”, indicó Musella. La custodia de la urna estuvo a cargo de representantes de Arthur Andersen, firma encargada de la auditoría de Telgua.

A continuación, Fritz García-Gallont, ministro de Comunicaciones, encargado de recibir el sobre con la propuesta de compra, expresó: “Por este medio, actuando en mil calidad de representante legal, debidamente autorizado, propongo esta oferta firme e irrevocable, vigente a 60 días a partir de hoy”, tal fue el encabezado de la misiva que acompañó la intencionalidad de compra de acciones presentado por el único oferente.

Los asistentes al acto, en un número no mayor de 200, observaron con detenimiento cómo se proyectó la cifra propuesta por medio de una pantallla. El paso siguiente fue anunciado por Mussella Thurm: “A continuación la junta directiva se retira para deliberar”.

Al término de las deliberaciones (no más de 20 minutos después) y sin esperar que el ministro García-Gallont finalizara su discurso, la concurrencia comenzó a aplaudir cuando expresó: “Se acuerda declarar ganadora a la única propuesta presentada”. Después, Ricardo Bueso, presidente del consorcio Luca, expresó su satisfacción por la compra efectuada. El último en subir al podio fue el gerente de Telgua, S.A., Alfredo Guzmán, quien destacó que la venta se efectuó a un precio más alto que el esperado.

Proceso accidentado

Desde el 31 de enero de 1997, cuando fue anunciada oficialmente la decisión del Gobierno de vender Guatel, el proceso fue obstaculizado por un sinfín de situaciones. Luego del anuncio, la entrada en vigencia de las nuevas tarifas para las llamadas creó un ambiente de escepticismo entre los guatemaltecos, sobre el cambio a un operador privado y su efecto en las tarifas.

Casi simultáneamente, es presentada al Congreso de la República la Ley General de Telecomunicaciones, que, luego de aprobada, dio paso a que inscribieran la sociedad Guatel, S.A. Esto provocó el rechazo de varios sectores, incluyendo una acción del Procurador de los Derechos Humanos, Jorge Mario García Laguardia. El 29 de mayo de 1997, Guatel desiste de la inscripción.

Mientras tanto, los inversionistas que ya estaban inscritos siguieron efectuando la inspecciones de la empresa. El 29 de agosto del mismo año son indemnizados los empleados de Guatel, los que luego serían recontratados por Telgua, que ya tramitaba su inscripción.

Semanas más tarde, un juez ordenó la suspensión de la inscripción de Telgua, S.A., por algunos días, para luego dar luz verde nuevamente a dicha inscripción. El 5 de noviembre aplazaron por tercera vez la venta de la telefónica, y en ese mismo mes, el Congreso reforma la Ley de Telecomunicaciones.

En diciembre de 1997, la Procuraduría General de la Nación presentó un amparo contra la venta, que luego se retiró por presiones del Gobierno. El 16 de diciembre se presentó en la primera subasta una sola oferta de Teléfonos de México, Telmex, por US$529 millones, la cual es rechazada. Posteriormente se anunció nuevamente el inicio del proceso, el cual se efectuó bajo total hermetismo hasta concluir con la venta de Telgua a Luca, S.A.

El comprador

Luca, Sociedad Anónima, quien se convirtió en propietaria del 95 por ciento de las acciones de Telgua, era una empesa de reciente creación que comenzó con un capital de Q5 mil quetzales en 1996 fundada por Juan Carlos Camacho Bueso y Mario Rodolfo Mendoza Santizo, meses después se les unió Ricardo Humerto Bueso Deras.

Un mes antes de la subasta de Telgua, el 8 de agosto de 1998, el consorcio presentó un aumento a su capital a través de la abogada María Claudia Toledo Sarti por Q1,995 millones. De acuerdo con Ricardo Bueso Deras, el capital era guatemalteco en un 75 por ciento y el restante era capital hondureño.

Sombras

Cuando muchos pronosticaron que no se vendería la telefónica, se anunció sorpresivamente su venta, y el Gobierno obtuvo una oferta atractiva de un grupo local, para concluir el más prolongado e importante proceso de privatización del Estado.

Sin embargo, críticos del proceso reaccionaron señalando que no hubo transparencia absoluta, y criticaron, en primer lugar, la premura con la que se anunció la venta, sin informar antes de las bsaes que rigieron la negociación. Esto debido a que una semana antes las autoridades de la telefónica no habían determinado la fecha de la subasta y sorpresivamente un día antes de la subasta anunciaron su realización sin dar mayores detalles.

El papel que la entidad que fungió como banco asesor en la subasta pública de la telefónica, J.P. Morgan, resulta otra de las incógnitas dentro del proceso. De acuerdo con autoridades de Telgua, ésta sería la encargada de promocionar la venta en el extranjero y atraer inversionistas.  No obstante, en la subasta se presentó únicamente el consorcio Luca, S.A. sin experiencia en el campo de la telefonía. Esto indicó que Luca tendría que negociar con un operador de prestigio en el futuro inmediato.

¿Qué pasó después de la venta?

La privatización de la telefonía estatal tendría beneficios tanto para el estado como para el consumidor, en primer lugar el producto de la venta de Telgua sería invertido, de acuerdo con el plan de gobierno del presidente Arzú y conforme las negociaciones de los acuerdos de paz, para proyectos de beneficio social y la estabilización de la economía nacional. Además de la apertura a otras empresas multinacionales para que compitieran en el mercado nacional y que los guatemaltecos tuvieran opciones diferentes para adquirir servicios de telecomunicaciones.

Sin embargo, en los primeros meses el descontento, fuera de la negociación poco transparente, fue el aumento en las tarifas residenciales, cobros fantasmas e irregularidades en el servicio y la retirada de los teléfonos monederos, siendo sustituidos por teléfonos tarjeteros prepago. Además de miles de despidos injustificados de trabajadores.

Casi un año después se conocieron las intenciones de Telmex para adquirir Telgua, cosa que en la negociación inicial con Luca no era posible, al establecerse que las acciones de la telefónica no podían ser revendidas a terceros. A su favor, Telmex argumentó que el consorcio Luca no tenía liquidez suficiente para realizar el segundo abono por un monto de US$150 millones.

Telmex, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, rompió el silencio y confirmó que su participación en Luca, S.A. era del 75 por ciento de las acciones, por lo que era accionista mayoría del consorcio, y por consiguiente, de Telgua. La telefónica Telmex al ser privatizada pasó a ser parte de América Móvil, Telgua a partir de 2006 se constituyó en la marca Claro a nivel latinoamericano. 

Alfonso Portillo sacó rédito político en la campaña electoral por su oposición y protesta el caso de la venta de Telgua. A pesar de haber llegado a la presidencia y de intentar detener el proceso de privatización por las instancias legales declarando lesiva la venta de la telefónica en junio de 2000, la intención no prosperó y se le acusó de negociaciones turbias para llegar a un acuerdo con los propietarios de Telgua.

Los fondos de la privatización que se obtuvieron por la venta de Telgua no fueron utilizados para ningun fin social, desde el gobierno de Arzú, Portillo y Berger. Los fondos se utilizaron para fines diversos, como transferencias y financiamiento del presupuesto y aportes a entes específicos, como en el caso del Instituto de Previsión Militar, el Fondo Nacional de Tierras y el Instituto Nacional de Electrificación, durante la gestión de Portillo. A diciembre de 2010 únicamente quedaban Q7 millones. De acuerdo con analistas, el error cometido fue no blindar los recursos para evitar el uso en gastos de funcionamiento del Estado.

A la fecha las opiniones sobre la privatización de la estatal telefónica son encontradas. Por una parte, la apertura y modernización de las telecomunicaciones y la facilidad de adquisición de una terminal telefónica, y por otra las negociaciones oscuras y el mal uso de fondos que hubieran servido para beneficio de la población.