“¡Bésalo, pídele perdón!”, dice que le ordenó. “¡Tú lo mataste!”.

La joven estudiante de 19 años estaba en shock.

Horas antes había sufrido un aborto espontáneo en el Hospital General de Zona número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz, en el sureste de México.

Toda la mañana esperó a que alguien la atendiera pero empezó a sangrar profusamente. Hasta ese momento le hicieron caso, dice.

“Lo expulsé sola, sin anestesia, entonces me acostaron en una camilla y me rodearon enfermeras y una ginecóloga”, le dice Patricia a BBC Mundo.

“Me empezaron a hacer preguntas, a presionar. Yo les decía que me sentía muy mal, que iba a tener el aborto pero no me hacían caso”.

“Hasta que me destapé. Entonces me llevaron a hacer la limpieza y a terminar de sacar los restos. Luego me anestesiaron y me quedé dormida”.

Cuando despertó, empezó la pesadilla.

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“No entendía lo que pasaba”

Patricia asegura que no sabía que estaba embarazada. Tres meses antes, en diciembre de 2014, los médicos de la clínica 61 del IMSS le diagnosticaron gastritis.

Durante un mes tomó la medicina que le recetaron, pero en realidad las molestias eran por el embarazo.

Y los medicamentos estaban contraindicados para mujeres en esa circunstancia.

En marzo de 2015, volvió a la clínica porque tenía un fuerte dolor de estómago, aunque en realidad era un aborto en proceso. De allí fue enviada al Hospital General.

“Yo me acababa de enterar que estaba embarazada, creí que tenía a lo mucho un mes pero dijeron que estaba en el segundo trimestre”, recuerda.

“Las enfermeras me empezaron a decir que cómo lo había hecho, que había matado a mi propio hijo, pero yo no entendía lo que estaba pasando”.

“Una enfermera llegó con una hoja y me ordenó que firmara pero no sabía lo que era. Entonces me dijo: 'Si ya sabes lo que hiciste, fue lo peor'. Me agarraron la mano y me hicieron firmar”.

Los funcionarios del hospital la denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia de Veracruz.

La chica fue acusada de aborto inducido, un delito grave en el código penal del estado.

BBC Mundo solicitó a la delegación del IMSS en ese estado su versión ante a las acusaciones de Méndez Manuel.

La posición oficial -fue la respuesta- es un comunicado donde se informa que el caso está en proceso de investigación interna “con la intención de que se llegue al fondo y se deslinden responsabilidades”.

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“En el Seguro Social, somos respetuosos de las leyes y de las instituciones, y en este sentido, se invita a la señora Martha Patricia, para que acuda ante la instancia interna del Instituto y pueda reclamar e interponga su queja”, añade el documento.

“Hasta el momento, no se tienen antecedentes de que haya presentado inconformidad ante el IMSS”.

Leyes

Aunque Patricia asegura que la interrupción del embarazo no fue culpa suya, de todas formas enfrentó un proceso judicial.

Es algo que se repite en muchas partes del país. Organizaciones civiles han documentado al menos 623 procesos judiciales similares al de la estudiante.

Otras 700 están en la cárcel acusadas de homicidio, aunque en realidad se interrumpió el embarazo le dice a BBC Mundo Verónica Cruz, directora de la organización Las Libres.

“Más del 70% tiene que ver con abortos espontáneos, pero están criminalizadas por homicidio en razón de parentesco (un delito que tiene una pena mayor)”, explica.

El delito es considerado como grave en todo el país, aunque la pena con que se castiga es distinta en cada estado.

Algunas mujeres recibieron la máxima sentencia, de 50 años de prisión.

El delito de aborto tiene penas menores, como el pago de una fianza o entre cinco y ocho años de prisión.

Verónica Cruz dice que desde 2009 aumentó la criminalización a las mujeres que abortan, sin importar el motivo.

Ese año 16 de los 32 congresos locales modificaron las constituciones de los estados, para establecer la protección de la vida humana desde el momento de la concepción.

Esto ocurrió después que en Ciudad de México se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

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Los cambios legales “fueron para blindar la posibilidad de que se despenalizara el aborto en otros estados o en todo el país”, asegura Cruz.

“Jura que tuviste un bebé”

Susana Dueñas Rocha no fue acusada de aborto, sino de homicidio por parentesco. Cuando tenía 19 años de edad se sintió mal y acudió a una clínica del IMSS en Guanajuato, en el centro del país.

Allí le diagnosticaron un aborto en proceso. La chica se sorprendió porque no sabía de su embarazo.

“Sólo sentí que algo se me desprendió. En el Seguro me dijeron que me iban a denunciar porque había tenido un bebé, pero no era eso”, le dice a BBC Mundo.

Susana fue detenida con la acusación de homicidio en razón de parentesco. En 2004 un juez la sentenció a 25 años de prisión.

El proceso, documentó el grupo Las Libres, fue muy irregular. “Me acercaron un Cristo y dijeron: ‘aquí delante de él jura que tuviste un bebé”, cuenta.

Con esas presiones la joven fue obligada a firmar un papel en blanco que después en el juicio se presentó lleno con su presunta confesión.

En el documento decía que interrumpió su embarazo “por despecho”.

La mujer permaneció más de seis años en prisión, hasta que la organización consiguió un amparo que anuló la sentencia.

En este nuevo proceso se comprobó que el homicidio nunca ocurrió. Fue un aborto espontáneo.

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“Reeducación” para las mujeres

Pero además del encarcelamiento o los procesos judiciales, las mujeres acusadas de aborto padecen un fuerte estigma social.

Susana cuenta que en la prisión “me decían que era asesina, que maté a mi hijo. Ya ni los perros hacen lo que tú”.

Salir de la cárcel no la liberó del acoso. “La gente me señalaba, me decía groserías. Nos tuvimos que salir del lugar”.

Patricia también abandonó Veracruz. En la escuela donde estudiaba “todo mundo decía que había abortado, que era una pecadora”, cuenta.

“La gente que me veía en la calle decía: tu abortaste. Me iba corriendo a mi casa a llorar, me sentía muy mal, cargaba con la culpa. Me hicieron creer que lo había matado. Duele mucho”.

Las Libres y algunos académicos presentaron el caso de Patricia -que sigue en proceso- en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El objetivo es que se declare inconstitucional el código penal de Veracruz, donde se obliga a las mujeres que abortan a un proceso de “reeducación”.

Es decir, señala Verónica Cruz, “el Estado cree que como abortan de manera obligada entonces el Estado las debe reeducar para que quieran ser madres”.

Los ministros de la Corte rechazaron en principio una propuesta del ministro Arturo Zaldívar para declarar la inconstitucionalidad del aborto en todo el país.

Pero el tema se analizará de nuevo en los próximos meses.