“Tuvimos que empezar muy rápido a preparamos”, relata Laura Vázquez, analista en temas de inmigración en el Consejo Nacional de la Raza, la mayor organización hispana de EE. UU. que coordinó la teleconferencia del 9 de noviembre.

Desde entonces, varias acciones se han anunciado por separado en procura de responder a los planes de Trump, quien tras la elección dijo que su gobierno comenzará expulsando hasta tres millones de indocumentados con antecedentes penales.

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Las iniciativas involucran desde universidades y ciudades que prometen ser “santuarios” de inmigrantes hasta activistas que asesoran y reparten “tarjetas de derechos” a hispanos sin papeles, pasando por gobiernos latinoamericanos que se unen para proteger a sus ciudadanos en Estados Unidos.

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La idea es “tener una estrategia lista, por si fuera necesario”, explica el canciller de Guatemala, Carlos Raúl Morales, a BBC Mundo.

La incógnita Trump

Qué piensa hacer realmente Trump con los inmigrantes sin papeles en EE.UU. es una incógnita incluso para los especialistas.

El magnate llegó a manejar durante la campaña electoral la idea de deportar a los 11 millones de extranjeros indocumentados que viven en EE. UU., en su gran mayoría latinoamericanos.

Pero luego de ser electo sostuvo que cuando llegue a la Casa Blanca deportará entre 2 y 3 millones de inmigrantes que tengan antecedentes judiciales.

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Si lo cumple, podría quebrar el récord de 2.5 millones de deportados que registró el actual presidente, Barack Obama, en sus dos períodos (ocho años) de gobierno.

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Pero los expertos sostienen que los indocumentados en EE. UU. con pasaje por la justicia por distintos crímenes -incluso delitos menores- no llegan a 900 mil y se preguntan cómo hará Trump para alcanzar las cifras que anunció.

Ante la incógnita, muchos han resuelto subir la guardia.

“Estar preparados”

La semana pasada, Morales recibió en Guatemala a sus colegas cancilleres de México, El Salvador y Honduras para unir fuerzas ante la posibilidad de que sus ciudadanos comiencen a ser detenidos en grandes cantidades en EE. UU. para ser expulsados.

“Lo que hemos acordado es coordinar a cada uno de nuestros consulados en las distintas jurisdicciones en EE. UU. para que puedan acordar las acciones de protección migratoria”, señala Morales.

Explica que eso incluye realizar listas oficinas de abogados que puedan apoyar a inmigrantes, acercarse a autoridades locales y organizaciones religiosas en EE. UU. o visitar albergues y cárceles.

También decidieron que, si alguno de los cuatro países carece de consulado en una ciudad estadounidense, sus ciudadanos podrán recurrir a la ayuda consular de cualquiera de las otras tres naciones.

Morales dice que México se comprometió por ejemplo a permitir que los guatemaltecos utilicen el servicio telefónico de ayuda 1-800 que creó para responder dudas de sus ciudadanos en EE. UU. que se sientan amenazados.

“La gran mayoría de guatemaltecos (en EE. UU.) son personas correctas. Sin embargo, tenemos que estar preparados ante cualquier eventualidad”, dice.

Y agrega que los embajadores de los cuatro países realizarán además un “lobby conjunto” ante las autoridades electas de EE. UU. que asumirán el 20 de enero y ante el Congreso, para defender sus intereses.

Detrás de todo esto no sólo hay inquietudes humanitarias, sino también económicas.

Las remesas que América Latina recibe de sus ciudadanos que emigraron a EE. UU. suman más de US$65 mil millones por año y son una fuente clave de ingresos para muchos países de la región.

“Tarjeta de derechos”

Paralelamente, hay diversas entidades dentro de EE. UU. que también se preparan para proteger a inmigrantes indocumentados ante la perspectiva de que sean deportados.

Grupos hispanos están distribuyendo tras las elecciones una “tarjeta de derechos” para inmigrantes creada por el Centro Nacional de Derecho de Inmigración.

“Si lo detiene un oficial de inmigración o la policía: Entregue esta tarjeta al oficial y permanezca callado. La tarjeta explica que usted está ejerciendo su derecho a rehusarse a contestar preguntas hasta que pueda consultar con un abogado”, se lee en el material en español.

Además, el mismo centro advierte a los inmigrantes que eviten abrir la puerta de su hogar a agentes de inmigración y aduanas, a menos que cuenten con una orden judicial: “Si usted abre la puerta, es mucho más difícil no responder a sus preguntas”, advierte.

Vázquez, del Consejo Nacional de la Raza, dice además que están alentando a los inmigrantes sin papeles a realizarse un “chequeo migratorio” con abogados u organizaciones especializadas para saber si tienen una manera de lograr algún permiso de estadía en Estados Unidos.

Esto responde a estimaciones de que al menos el 10% de los 11 millones de indocumentados podría obtener algún beneficio que les permita permanecer legalmente en el país.

“Santuarios”

Por otro lado, autoridades de varias ciudades estadounidenses con gran cantidad de inmigrantes latinos, como Nueva York, Los Ángeles o Chicago, han manifestado su voluntad de resistir las deportaciones, incluso evitando cooperar plenamente con agentes federales de migración.

“Chicago siempre será una ciudad santuario” para inmigrantes, sostuvo el alcalde Rahm Emanuel.

Esto ocurre pese a que Trump ha amenazado con cortar la ayuda financiera federal a ciudades que no colaboren con los servicios de inmigración y aduanas.

Además, más de 350 universidades en el país pidieron al presidente electo que evite exponer al riesgo de deportación cientos de miles de estudiantes indocumentados, que se acogieron al programa “DACA” de Obama para regularizar su estadía, el cual Trump indicó que eliminaría.

La petición fue firmada por universidades prestigiosas como Harvard, Yale, Columbia, Stanford o UC Berkeley, después que estudiantes en todo el país reclamaran que los campus fueran “santuarios” que acojan a alumnos indocumentados.

“No dejaremos entrar a agentes de inmigración a nuestros campus sin una orden judicial”, sostuvo el rector de Columbia, John Coatsworth en un mensaje a los estudiantes.

Una encuesta realizada tras las elecciones entre cerca de 10 mil profesores y personal de centros educativos de EE. UU. encontró que ocho de cada 10 respuestas hablan de un aumento de la ansiedad en alumnos inmigrantes y de minorías, incluso por temor a deportaciones o separaciones de familias.

“Lo que nos dijeron es que chicos de color, estudiantes latinos, musulmanes, estaban viviendo en temor en sus escuelas”, dice a BBC Mundo Richard Cohen, presidente del Centro de Derecho de Pobreza del Sur, que administró la encuesta.

Vázquez señala que la incertidumbre que reina se debe a la falta de detalles sobre qué va a hacer Trump, cómo y cuándo.

“Vamos a intentar prepararnos todo lo posible”, sostiene, “pero esa inseguridad de no saber lo que va a pasar ha sido lo más difícil estos días”.