Ese día la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una opinión consultiva para que se garanticen los matrimonios entre personas del mismo sexo en el país, donde tiene su sede, y en otras 11 naciones latinoamericanas.

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La medida desató un fuerte escándalo en el país. Pero no solo eso.

El impacto de la polémica movió por completo el escenario electoral que se preveía al inicio de 2018: en menos de dos semanas el candidato del conservador Partido Restauración Nacional (PRN), Fabricio Alvarado, cobró una inesperada popularidad entre los votantes.

Alvarado, diputado en la Asamblea Legislativa, experiodista y predicador de una iglesia evangélica, es un férreo opositor al matrimonio igualitario. Una posición que, tras el fallo de la CIDH, le dio resultado.

En noviembre pasado los sondeos le adjudicaban un promedio de 2% de apoyo electoral. Pero cuando en una entrevista advirtió que de ganar la elección desconocería el mandato de la Corte sobre el país, sus números mejoraron.

Segunda vuelta

La encuesta de la Universidad de Costa Rica de este miércoles lo ubica a la cabeza de la contienda, por delante de los candidatos que han sido punteros a lo largo de la campaña, Juan Diego Castro y Antonio Álvarez Desanti. Aunque otros lo colocan en segunda posición u empatado con otros aspirantes.

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El tema central de los últimos debates “es la posición con los matrimonios del mismo sexo” le dice a BBC Mundo el abogado Yashín Castrillo.

El activista fue el primero en solicitar, en 2003, el reconocimiento legal y con todos los derechos a matrimonios igualitarios en su país.

La mayor popularidad de Alvarado obligó a que la mayoría de los candidatos –hay 13 en la contienda- rechacen la opinión de la Corte. Y también que se manifiesten en contra del aborto, la denominada “ideología de género” y la promoción de programas de educación sexual en adolescentes.

Las votaciones se realizan este 4 de febrero. Pero el nuevo escenario podría obligar a una segunda vuelta en la elección presidencial de Costa Rica.

Un momento que algunos llaman “shock religioso”.

Contra las “guías sexuales”

¿Qué pasó en Costa Rica? De acuerdo con especialistas la decisión de la Corte Interamericana ocurrió en un entorno complejo para el país.

Desde el año pasado existe un debate intenso porque el Ministerio de Educación Pública (MEP), implementará este 2018 una nueva materia en el programa de estudios en primaria y secundaria.

Se llama “Educación para la afectividad y sexualidad integral”, y según el MEP abordará temas como el placer y bienestar personal, derechos de poblaciones LGBTI y relaciones libres de violencia, entre otros.

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Las “guías sexuales”, como se conoce al nuevo plan de estudios, fue rechazado por las iglesias católica y evangélicas.

Uno de los argumentos fue que se pretendía imponer la llamada “ideología de género” entre los estudiantes, e incluso algunos afirmaron que el objetivo era promover relaciones entre personas del mismo sexo.

El tema se abordó en la contienda presidencial y el principal promotor fue el candidato del PRN, Fabricio Alvarado. Pero era uno más en los debates.
En diciembre pasado se realizó la llamada “marcha por la vida” en la capital del país, convocada por los opositores a las “guías sexuales”.

Pero ni siquiera eso alteró el debate en la campaña electoral.

El tema central

Todo cambió cuando la CIDH respondió a la consulta que había hecho el gobierno del presidente Guillermo Solís sobre los matrimonios igualitarios.

La Corte dijo que se debía garantizar a las parejas del mismo sexo todos los derechos de las leyes costarricenses. Y abordó así un punto que, según los especialistas, ha provocado el mayor rechazo en el país.

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Desde hace varios años, dice el abogado Castrillo, existe en el país una mayor tolerancia a las relaciones homosexuales.

Incluso el gobierno envió una iniciativa a la Asamblea Legislativa para establecer las uniones de convivencia entre personas del mismo sexo, pero que sólo reconoce derechos sobre el patrimonio común. La propuesta está archivada.

En cambio, la opinión de la CIDH establece los mismos derechos de las parejas heterosexuales, y va más allá: pide que las uniones homosexuales sean legalmente matrimonios. Cualquier otra denominación, subraya la resolución de la Corte, es discriminatoria.

Pero eso no es todo.

El organismo también opinó que los documentos oficiales deben reconocer de manera fácil la identidad de todas las personas, incluso quienes son transgénero y desean cambiar su nombre.

De acuerdo con la Constitución de Costa Rica, todas las resoluciones de la Corte Interamericana son de acatamiento obligatorio en el país.

Es el caso de la opinión consultiva de la Corte, emitida a unas semanas de las votaciones presidenciales y que caló profundo en muchos sectores del país.

“Había mayor aceptación del tema gay y los derechos civiles de las parejas del mismo sexo, pero no incluía aceptar el matrimonio”, explica Yashín Castrillo. “Se limitaba a sociedades de convivencia o la unión de hecho”.

Así, la controversia política se profundizó.

“No sin Dios”

Como en el resto de América Latina, en Costa Rica aumentó el número de feligreses de iglesias evangélicas, aunque la mayoría de la población, el 62% según datos oficiales, se mantiene en el catolicismo.

Pero a diferencia de otros paísesla influencia de la Iglesia católica en la vida pública del país es importante, señalan especialistas como Eduardo Ulibarri.

Un ejemplo es que la Iglesia católica y algunas cristianas reciben un subsidio anual del gobierno. Y en su campaña electoral el actual presidente Guillermo Solís dijo que quería un Estado “secular pero no uno sin Dios”.

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Por eso el dictamen de la CIDH no fue bien recibido: más del 60% de los costarricenses rechazan los matrimonios igualitarios según algunos sondeos como el del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP).

Así, el discurso de Fabricio Alvarado encontró eco. El candidato conservador señala, por ejemplo, que el matrimonio “es entre hombre y mujer”. “Eso es lo que defendemos”.

También advierte que, si gana la presidencia podría desconocer la separación de las iglesias en decisiones de gobierno.

“Nos oponemos al Estado laico, porque quienes lo promueven en realidad buscan un Estado ateo”, señala en su cuenta de Twitter.

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Con este panorama, “se creó un terreno fértil para que cuando llega la opinión consultiva, en plena campaña electoral, el mensaje de intolerancia se exacerba“, le dice Ulibarri a BBC Mundo.

“Benefició al candidato de un partido evangélico. Ha logrado que toda la maquinaria de la red de iglesias evangélicas en el país, que es bastante grande, se ponga en función de su candidatura”.

BBC Mundo solicitó una entrevista con el candidato del PRN. Pero no hubo respuesta.

“Referéndum de facto”

¿Qué va a suceder ahora?

A pesar de la sorpresiva popularidad del conservador Alvarado y la certeza de una segunda vuelta electoral, los especialistas creen que el resultado de la contienda presidencial sigue en el aire.

La reacción ante la opinión de la CIDH, tanto en redes sociales como en el discurso político, no había ocurrido en la historia reciente.

“Es inédito, nunca en un proceso electoral un tema religioso había ocupado un lugar tan preponderante al punto de opacar a otros como la crisis fiscal, la educación, desempleo o seguridad”, dice Ulibarri.

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Pero hay más, apunta el abogado Castrillo pues la sociedad costarricense parece dividida por la opinión de la CIDH.

“Hay un monotema y ése es si se está de acuerdo o no con el matrimonio de parejas del mismo sexo”, advierte.

“Estas elecciones son utilizadas casi como un referéndum de facto” sobre el tema.