El exmandatario Pedro Pablo Kuzcynski (PPK) le había otorgado el indulto el 24 de diciembre pasado por “razones humanitarias”.

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En ese momento, la presidencia de Perú difundió un comunicado en el que explicaba que Kuczynski había otorgado la gracia presidencial tras conocer la evaluación de una junta médica aconsejara su puesta en libertad por sufrir “una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”.

La Justicia peruana dijo ahora que la resolución de PPK carecía de efectos jurídicos y también ordenó la búsqueda y captura del expresidente peruano para que ingrese en prisión.

Juez giró las órdenes de ubicación y captura contra el expresidente Fujimori a fin de que sea reingresado al establecimiento penitenciario que designe la autoridad penitenciaria. 2/2 https://t.co/ZwOofNENwW

— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) October 3, 2018

Compra de votos

Fujimori cumplía una sentencia de 25 años de prisión —hasta 2032— por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, como las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992.

Precisamente el pedido de anulación del indulto fue presentado por los familiares de las víctimas de esas dos matanzas.

A inicios de este año, habían acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que revise la medida y en junio, el organismo dijo que “los órganos jurisdiccionales peruanos competentes puedan pronunciarse al respecto”.

Protestas

La noticia de la liberación de Fujimori en diciembre desató numerosas protestas en Lima y otras ciudades peruanas.

Muchos medios en Perú especularon con que PPK había concedido el perdón a cambio recibir los votos de Kenji Fujimori -hijo del expresidente- y otros diputados para superar un proceso de vacancia (destitución) que enfrentaba en el Congreso.

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Finalmente, unos videos que supuestamente mostraban el intento de compra de esos votos precipitaron en marzo de este año la renuncia de PPK, cuya imagen estaba seriamente dañada por el escándalo de corrupción la constructora brasileña Odebrecht.

Este miércoles Miguel Pérez Arroyo, abogado de Fujimori, dijo a medios peruanos que la decisión de mandar a su representado de vuelta a la cárcel era política y no legal y que apelarían.

Keiko Fujimori, hija del expresidente y líder de Fuerza Popular, opinó que se trataba de una “persecución y ensañamiento de sus enemigos políticos”.

Sin embargo, Gloria Cano, abogada de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, dijo que la anulación del indulto “acaba con la impunidad”, según declaraciones recogidas por el diario El Comercio.

“Es una noticia que estábamos esperando […] sabíamos que el indulto era ilegal y no correspondía haberse entregado porque se trataba de graves delitos como asesinato”, dijo Cano.