Desde que Rodrigo Duterte asumió el poder en Manila a finales de junio, oficialmente más de 400 sospechosos de ser traficantes de drogas han muerto a manos de la policía, aunque los medios locales reportan que ha sido el doble.

Estas cifras han encendido las alarmas de organizaciones de derechos humanos.

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Durante su campaña electoral, Duterte -a quien se apodó como “el castigador”- prometió “olvidarse de las leyes en materia de derechos humanos” y les advirtió a los traficantes y criminales que se fueran “porque si no los iba a matar”.

Duterte, exfiscal de 71 años que fue alcalde por dos décadas de la ciudad sureña de Dávao, también señala a algunos funcionarios de gobierno, como alcaldes y jueces, por supuestamente encubrir el comercio de drogas.

El lunes docenas de funcionarios que incluyen a alcaldes y jefes de la policía se entregaron, un día después de que el mandatario acusara públicamente a más de un centenar de ellos con la actividad ilegal.

El presidente del Tribunal Supremo de ese país les ha pedido a los jueces señalados que no se rindan a menos de que se les presente una orden de captura.

Duterte dijo que había sido forzado a anunciar esta medida por la escala del problema de drogas ilegales en el país. El domingo insistió en que cientos de miles de filipinos son adictos.

El gobierno estadounidense expresó su preocupación el lunes sobre las muertes a manos de la policía, y llamó al debido proceso legal que debe seguirse para enfrentar el tráfico de drogas.

“Nos preocupan estas detenciones, así como las ejecuciones extrajudiciales de individuos sospechosos de estar involucrados en actividades de narcotráfico”, dijo Elizabeth Trudeau, portavoz del Departamento de Estado de EE.UU.

Matanzas extrajudiciales

El jueves pasado manifestantes protestaron frente al Ministerio de Justicia para exigir que se detengan las matanzas extrajudiciales.

Algunas familias de los fallecidos reclaman que la mayoría de las víctimas eran de origen humilde, y muchas de ellas ni siquiera estaban involucrados en el comercio de drogas.

Una foto de la joven Jennilyn Olayres, en la que aparece el cuerpo sin vida de su novio, Michael Siaron, se difundió ampliamente en los medios de comunicación e indignó a organizaciones internacionales y a activistas.

A Siaron lo mató un hombre armado no identificado, la noche del 23 de julio mientras trabajaba en Manila. A su lado había un cartel que decía “traficante de drogas”.

Durante el discurso del Estado de la nación que dio en la Cámara de Representantes dos días después, Duterte se refirió a la imagen como “melodramática”.

Olayres dijo a los medios locales que su pareja no vendía drogas, aunque de vez en cuando consumía.

“Somos gente pobre, insignificante”, dijo.

“Estos no son los poderosos y adinerados capos de la droga que sí tienen un control significativo de la distribución de las drogas en las calles de Filipinas”, le dijo al diario The New York Times el subdirector de la organización Human Rights Watch en Asia, Phelim Kine.

La semana pasada varias agrupaciones de derechos humanos condenaron la campaña antidrogas de Duterte ante la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y la Junta Internacional de Estupefacientes (INCB, en inglés).

Antecedentes en Dávao

Duterte ganó las elecciones presidenciales el pasado mayo, luego de que sus oponentes se retiraran tras la clara ventaja que el excalde de Dávao mantenía en las encuestas.

Como candidato, prometió un gobierno de mano dura poniendo como ejemplo su gestión como alcalde de Dávao, la tercera ciudad más grande del archipiélago, durante 22 años.

Su mensaje comenzó a ganar simpatía de los electores que pedían más seguridad y orden para el país.

Duterte logró convertir a una de las ciudades más peligrosas del archipiélago en una de las más seguras.

O así lo asegura al menos él, pues otras estadísticas señalan que Dávao sigue en los primeros puestos del ranking de inseguridad.

Grupos pro derechos humanos denuncian que si las cifras de criminalidad se redujeron drásticamente fue por la acción de los “escuadrones de la muerte” que habrían matado a miles de supuestos criminales en la década de los 90.

Y señalan que estos grupos habrían tenido el apoyo del alcalde, algo que el presidente negó en algunas ocasiones y de lo que se ha jactado en otras.

Contrario a condenar los homicidios extrajudiciales de las últimas semanas, Duterte pidió a la policía “triplicar” sus esfuerzos.

Eso, para alcanzar la meta de 100.000 criminales muertos que prometió para los primeros seis meses de su mandato.