La ciudad de San José, en Costa Rica, fue escenario este martes de celebración luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) determinara que los matrimonios entre parejas del mismo sexo deben ser reconocidos.

La opinión consultiva, dada a conocer en la capital del país centroamericano, donde tiene su sede la CorteIDH, está dirigida a los países firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos.

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De los 22 países que se acogieron al tratado, el órgano que pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene jurisdicción sobre una veintena.

La CorteIDH dijo que los estados “deben reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo”, incluido el matrimonio.

La emisión de este criterio por parte de la CorteIDH no obliga a los países donde el matrimonio homosexual es ilegal a que cambien sus leyes de inmediato.

Pero ahora las parejas homosexuales cuentan con un sustento legal para exigir que se cumplan sus derechos en una instancia legal internacional.

Activistas por los derechos de la comunidad LGBTI señalan la decisión de los jueces como un triunfo para el continente.

“Es una de las mejores noticias que podíamos tener y ha llegado en el mejor momento posible”, le dijo a Efe el activista panameño Álvaro Levy, que el pasado marzo interpuso una demanda de inconstitucionalidad en su país para legalizar los matrimonios homosexuales.

Algunos países adscritos a la Convención ya reconocen los matrimonios homosexuales y otros permiten las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

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Pero otros 10, como Bolivia, El Salvador y Perú, no admiten ninguna de las dos figuras jurídicas y se espera que reformen sus leyes a partir de la decisión de la CorteIDH.


¿Por qué ahora?
Los jueces llegaron a esta conclusión como respuesta a una solicitud del gobierno de Costa Rica.

El país centroamericano pidió a la corte su opinión sobre si tenía la obligación de extender los derechos sobre la propiedad para las parejas del mismo sexo. El tribunal estimó que sí.

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Otra de las preguntas fue si las autoridades de ese país debían permitir que las personas transgénero se cambien el nombre en sus documentos de identidad. De nuevo, el tribunal dijo que sí.

El gobierno de San José calificó el criterio de los jueces como “histórico” y dijo que lo pondría en práctica de inmediato.

En la opinión consultiva de 145 páginas, los jueces concluyeron también que es inadmisible y discriminatorio que se establezca una disposición legal separada solo para los matrimonios del mismo sexo.

Por esta razón, exigieron que los gobiernos “garanticen el acceso a todas las formas existentes de sistemas domésticos legales, incluido el derecho al matrimonio, con el fin de garantizar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo sin discriminación”.

La decisión del tribunal internacional llega en el contexto de varios países latinoamericanos que han cambiado o debaten sobre si reformar las leyes para incluir el matrimonio gay.

En agosto del año pasado, la presidenta saliente de Chile, Michelle Bachelet, envió un proyecto de ley para legalizar el matrimonio homosexual al Congreso.

Otros países de la región, como Ecuador, aprobaron las uniones civiles entre personas del mismo sexo.