Y el miércoles reciente volvió a posar ante las cámaras, pero en otro escenario y por un motivo muy distinto.

Luego de capturarlo, la Policía lo presentó ante los medios de comunicación en la Dirección Central de Investigaciones.

González Jiménez fue arrestado el martes reciente junto a tres personas más, entre ellas el empresario Ernesto José Regalado O'Sullivan, acusados todos ellos por la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de remuneración de actos sexuales con menores de edad.

El ministerio público los señala como clientes de una red de prostitución de menores que fue desmantelada en el 2014 y por la que ya fueron condenadas ocho personas.

“Me siento como Ricky Martin”, dijo el Gordo Max, haciendo alusión a la cantidad de periodistas presentes en su presentación como acusado.

Aunque luego, ante las preguntas de la prensa, aseguró que es inocente.

“No soy un delincuente”, insistió. “Esto es un error”.

Testigo

Esta no es la primera vez que el nombre de González Jiménez sale a relucir en relación a la trata de menores.

Ya lo había delatado en el 2014 una de las menores prostituidas por la red —quien con 14 años ya tenía relaciones con hasta seis hombres al día y es hoy testigo protegida de la policía—, quien aseguró que les había prestado sus servicios a él y a Regalado entre el 2011 y el 2012.

Pero, aunque el caso contra la red fue llevado a los tribunales aquel mismo año, la Fiscalía sólo presentó acusaciones contra los tratantes, no contra los presuntos clientes.

Eso, pese a que en los documentos de la investigación se incluía el nombre de múltiples personalidades como compradores de los servicios, entre otros en del Gordo Max.

De hecho, González fue tomado como testigo del caso.

Así, el 13 de octubre del 2015, ocho de un total de 11 acusados fueron condenados a penas de entre siete y 10 años por el delito de trata agravada de personas.

Según la investigación de la FGR, la red atraía a menores y a mujeres jóvenes con la promesa de darles empleo de edecanes y modelos.

Sin embargo, cuando ellas acudían a las supuestas reuniones de trabajo, eran vendidas a diversos clientes para mantener relaciones sexuales.

El cabecilla de la red, según la Fiscalía, era Daniel Armando Pérez y se encargaba de citar a las jóvenes y a los clientes en centros comerciales.

De acuerdo a la acusación, Pérez cobraba distintos precios por los servicios sexuales de las jóvenes y menores y obtenía más ingresos cuando eran vírgenes.

• La violación que sacudió las redes en El Salvador

“Tenemos que recalcar que las personas que están vinculadas en la red de trata de personas ya han sido procesadas”, dijo el martes Allan Fernández, jefe de unidades especializadas de la FGR, durante una conferencia de prensa ofrecida poco después de las capturas del Gordo Max, Regalado, Salvador Enrique García Arévalo y Luis Alonso Marroquín.

“Hay algunas condenadas y una en calidad de rebeldía que aún está en proceso de investigación. Luego, quedaba la etapa de los clientes, que era una deuda que tenía la fiscalía y que ahora se está saldando con estas capturas”, añadió.

En el documento facilitado a los periodistas durante la conferencia se leía: “Cabe señalar que la administración anterior de la fiscalía, pese a existir señalamientos de víctimas hacia el imputado Alejandro Maximiliano González Jiménez (alias el Gordo Max) le otorgó calidad de testigo en escasas diligencias realizadas y no judicializadas”.

La Fiscalía hoy dice que investiga por qué esa institución ofreció beneficios al presentador de televisión.

No es la primera vez que los subalternos del actual fiscal general, Douglas Meléndez, cuestionan las decisiones del titular anterior, Luis Martínez.

Pago por sexo, no estupro

Sea como sea, ahora la FGR acusa al Gordo Max, a Regalado, a García Arévalo y a Marroquín de remuneración de actos sexuales con menores, a pesar de que varios sectores piden que la acusación sea por estupro.

El estupro implica tener relaciones sexuales con una menor de entre 12 y 17 años valiéndose de la superioridad originada por cualquier relación o situación, y según el artículo 163 del Código Penal de El Salvador quien sea culpable de ello debe ser sancionado con entre cuatro y 10 años de cárcel.

Mientras que de acuerdo al artículo 169, “el que pague o prometa pagar con dinero u otra ventaja de cualquier naturaleza a una persona menor de dieciocho años o una tercera persona para que la persona menor de edad ejecute actos sexuales o eróticos, será sancionado con una pena de tres a ocho años de prisión”.

Y la explicación de por qué la acusación es por pagar por obtener servicios sexuales y no por consumarlas la ha dado Ana Herrera, oficial de la División Central de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC).

“No se ha acusado de estupro y violación porque cuando pagaron, las menores iban con consentimiento”, aclaró el miércoles a la prensa.

Sea como sea, el Gordo Max insiste en su inocencia: “Me declaro inocente. Hay muchas personas que me conocen y que saben cómo soy. A esas personas les pido que oren por mí porque es una situación bien dura donde mi imagen está totalmente destruida”.

De momento Telecorporación Salvadoreña (TCS), aunque no ha dado ninguna declaración sobre el tema, ha eliminado el nombre del Gordo Max de su página web, así como de la fanpage de la cadena y de Domingo para todos.