• La inquietante desaparición de tres italianos en México luego de ser detenidos por policías de Tecalitlán

Los cuatro agentes, tres hombres y una mujer, enfrentan un proceso judicial por el delito de “desaparición forzada”, dijo el fiscal general Raúl Sánchez en una conferencia.

El paradero de los tres italianos, originarios de Nápoles, es desconocido desde que viajaron a la localidad de Tecalitlán, en el sur de Jalisco.

“Vendidos”

Francesco Russo, hijo de Raffaelle Russo, dijo tener información de la investigación que indica que los tres fueron “vendidos” por los policías a los criminales.

“La policía de México por 43 euros de mierda vendieron a tres connacionales. 43 euros, es una vergüenza inaudita”, declaró Francesco Russo en una entrevista para la radioemisora italiana RAI1.

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Sin embargo, el fiscal de Jalisco dijo que aún se investigan las motivaciones de los policías y se negó a abundar en las declaraciones de los acusados.

“Es parte de la investigación”, se limitó a decir el fiscal Sánchez.

Los policías involucrados son Emilio “N”, Salomón “N”, Fernando “N” y Lidia “N” (la letra “N” significa que sus apellidos están reservados por secrecía judicial).

Los “entregaron”

El primero en desaparecer el 31 de enero fue Raffaele Russo, quien se encontraba en Tecalitlán la tarde de ese día realizando actividades comerciales.

Su hijo Antonio Russo y su sobrino Vicenzo Cimmino fueron a buscarlo luego de unas horas sin poder comunicarse con él.

Cuando estaban preguntando por Raffaele en calles de Tecalitlán, policías municipales interceptaron a los dos jóvenes y les pidieron que los acompañaran.

Antonio Russo pudo informarle a su hermano Daniele, vía mensajes de audio, que él y su primo estaban siendo escoltados por los agentes locales.

Pero cinco minutos después de que envió ese mensaje su teléfono fue desactivado y la familia ya no supo más de los tres hombres.

“Fue parte de una operación que hicieron ellos (los policías) como elementos activos en coordinación y colusión con el crimen organizado”, dijo el fiscal Sánchez.

La “desaparición forzada” es un delito grave castigado con una pena de prisión que va de 40 a 60 años en el estado de Jalisco.

En los últimos años, las leyes en varios estados de México se han endurecido para castigar este tipo de casos en los que participan autoridades en la desaparición de personas.