Es parte de la herencia que AMLO, ganador indiscutible de las elecciones al superar el 50% de los votos frente al poco más del 20% de Ricardo Anaya, recibe del actual presidente Enrique Peña Nieto, quien concluye su mandato el próximo 30 de noviembre.

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Es un legado controvertido porque, además de estos problemas, el gobierno actual consiguió aprobar reformas estructurales que varios de sus antecesores buscaron por décadas.
Se trata de cuestiones como abrir la explotación de hidrocarburos a la inversión privada o la reforma en telecomunicaciones que extendió la cobertura de internet.
Es una de las claves del desarrollo, según organismos como la Comisión Económica para América Latina.
AMLO enfrenta un escenario que difícilmente cambiará al 1 de diciembre, cuando asuma la Presidencia.

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BBC Mundo te presenta tres “bombas de tiempo”, según definen especialistas, que enfrentará el próximo gobierno de México.

1. El desafío de la delincuencia

Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el 2017 fue el año más violento en los últimos 80 años, cuando estalló la Guerra Cristera.
En doce meses se cometieron 29 mil 168 homicidios, un 22 por ciento más que el año anterior. Los números desataron un escándalo el pasado mes de enero, cuando fueron hechos públicos.
Pero desde entonces, la ola de violencia no se detuvo. En mayo, de acuerdo con el SNSP, se cometieron 2.890 asesinatos en el país, la cifra más alta en la historia para un solo mes.
Y la tendencia es que este 2018 será más sangriento que el año anterior, advierte el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.

Los homicidios son una parte del problema. La organización civil detectó que en los últimos años aumentó la cantidad de regiones, pueblos y ciudades con violencia.
Existen además delitos como el robo de combustible y venta de drogas al menudeo que, además de multiplicarse, provocaron más asesinatos, dice a BBC Mundo Francisco Rivas Guerrero, director del Observatorio.
Un ejemplo: en marzo pasado, Petróleos Mexicanos registró 1 mil 417 sitios de extracción clandestina de hidrocarburos en el país, una cifra 34 mil mayor a la registrada en el mismo período del año pasado.
Al mismo tiempo, algunos nuevos carteles de narcotráfico como Jalisco Nueva Generación (CJNG) se fortalecieron y disputan el mercado a otras organizaciones.

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La estrategia del gobierno de Peña Nieto para combatir el problema no funcionó, dice el activista.
“Las condiciones del país no están bien y no van para bien, el pronóstico es bastante negativo”, insiste Rivas.
El resultado es una “bomba de tiempo” que se deja al nuevo presidente.
“Es una tarea titánica, quien llegue va a encontrar un problema como no lo ha habido antes. Esta administración en el caso de seguridad dejará los peores números de la historia”, asegura.

2. Pobreza, deuda, TLCAN…

El 1 de diciembre el nuevo presidente recibirá a México con casi 55 millones de personas pobres, según el gubernamental Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Es el organismo encargado de revisar las estrategias oficiales contra la pobreza y marginación.

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La cantidad de personas en precariedad equivale al 45% de la población total de México, superior a 120 millones.
El gobierno de Peña Nieto aplicó varias estrategias para combatir el problema como la “Cruzada contra el hambre”, que logró reducir la cantidad de personas en pobreza alimentaria o extrema.

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Pero en términos generales, el número de pobres se mantuvo. La diferencia entre ambos tipos de pobreza (alimentaria y extrema) es importante.
Los pobres en situación extrema no tienen recursos para contar con una alimentación básica. El otro concepto clasifica a quienes su ingreso alcanza para cubrir sus necesidades elementales.
Es un reto para el futuro presidente de México, pero hay más. La herencia que recibirá incluye un panorama incierto en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

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Las conversaciones para obtener un acuerdo en principio –un documento para votarse en los congresos de cada país- están en suspenso.
Hasta ahora no hubo avances en temas controversiales como la intención de Estados Unidos de establecer una cláusula para renegociar el acuerdo cada cinco años.
No hay fecha para reanudar las negociaciones, aunque el proceso final para ratificar el acuerdo correspondería a los nuevos congresos.
El mexicano se renovó el 1 de julio, y el estadounidense en noviembre. El TLCAN es el principal acuerdo comercial de México.

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No es toda la herencia al nuevo presidente, dicen especialistas como Raymundo Tenorio Aguilar, académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Quien sea el nuevo presidente recibirá “una economía que crece de manera mediocre”, dice a BBC Mundo.
De hecho, en el actual gobierno el aumento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 2,1% anual.

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A esto se suma el crecimiento de la deuda externa del país, pública y privada, que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda equivale a unos US$190.000 millones.
Equivale al 53% del PIB mexicano, pero según las calificadoras internacionales de deuda se puede considerar “manejable” y con riesgo medio.
Pero está cercano a su límite, pues esta consideración se ata a la decisión de las autoridades financieras del país.
El próximo gobierno “hereda en términos de finanzas públicas una situación de riesgo en cuanto a los requerimientos financieros del sector público”, explica Tenorio a BBC Mundo.
“Se deja una economía agarrada con pinzas. No se puede quitarle algo de ingresos y gastar más”.

3. Derechos humanos, la crisis

Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, Nuevo Laredo, Pegasus.
Detrás de cada nombre existe un caso de abuso o violación a derechos humanos cometidos durante el gobierno actual.

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Son parte de recomendaciones de organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Se trata de casos no resueltos o en proceso de impugnación y que toca atender al próximo gobierno. Y son expedientes complejos.
Ayotzinapa, por ejemplo, se refiere a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Iguala, el 26 de septiembre del 2014.

Recientemente, un tribunal federal ordenó rehacer la investigación del caso realizada por la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR), porque encontró violaciones graves a los derechos de los inculpados.

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En Tlatlaya, Tanhuato y Apatzingán, documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se cometieron ejecuciones extrajudiciales por parte de soldados y policías federales durante operaciones contra la delincuencia organizada.
En Nuevo Laredo, el Alto Comisionado de la ONU denunció la desaparición de al menos 24 personas durante operaciones de la Secretaría de Marina.
Pegasus se llama el software de espionaje que sólo se vende a gobiernos, como parte de su estrategia de seguridad nacional o lucha contra delincuencia organizada y terrorismo.
En México se utilizó para intervenir las conversaciones de periodistas y defensores de derechos humanos. Existe una investigación que no se ha resuelto.

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Como tampoco la mayoría de los homicidios de periodistas cometidos durante el gobierno de Peña Nieto.
Entre el 2012 y mayo de este año fueron asesinados 116 periodistas. La mayoría de los crímenes permanecen impunes.
Un balance nada favorable, dice el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.
“México no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos”, dijo en su informe anual en marzo pasado.
“Tampoco se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestro estado democrático de derecho”.

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Entre las elecciones presidenciales del 1 de julio y la toma de posesión el 1 de diciembre, se vedifícil que la situación del país pueda cambiar.
Para el próximo presidente de México no hay alternativa. En cuanto asuma el poder, empezará la cuenta regresiva de las bombas de tiempo heredadas.

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