En una resolución, Pinilla prohibió el porte público de las armas de fuego con amparo legal, que es una limitación que esa ciudad ha probado en el pasado, pero por períodos breves.

La norma excluye a quienes ejerzan tareas de vigilancia en sitios de trabajo, a funcionarios de la Fiscalía General, a los servicios de guardaespalda autorizados, como los de diplomáticos, y a miembros de las fuerzas de seguridad.

La misma resolución establece una multa para quien viole esa restricción a las armas legales, y mantiene la confiscación y judicialización para aquellos que sean sorprendidos con armas sin licencia.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Luis Eduardo Martínez, declaró a la Prensa que del 10 al 12 por ciento de los homicidios en la ciudad se cometen con armas de fuego autorizadas.

En la capital colombiana se cometieron mil 632 homicidios en el 2011, y de ellos en mil 16 casos se usaron armas de fuego, la mayoría ilegales.

Entre calles sin asfaltar, los habitantes de El Amparo, en Bogotá, instalaron una humilde carpa, a la que se encaramó Petro para pedirles que digan “adiós a las armas”, entre casas de ladrillos sin terminar y al lado de una laguna, donde los residentes del barrio aseguraron a que a menudo son arrojados cadáveres.

En ese ambiente, Petro recordó sus orígenes y su pasado como guerrillero, para dejar claro que con las armas no se llega a ningún lado.

“Pido a los bogotanos que guarden las armas debajo del colchón, o quizás más lejos aún”, concluyó Petro.