El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, continuó este 20 de mayo con tensiones con el Legislativo y la Sala de lo Constitucional al amenazar con denunciar a estos organismos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación al derecho a la vida y la salud durante la pandemia del coronavirus.

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El gobernante señaló que esos órganos no están permitiendo ni dando herramientas al Ejecutivo salvadoreño para que atienda la emergencia sanitaria.

El conflicto radica en que Bukele decretó que una cuarentena “absoluta” y “rígida” se mantenga hasta el 6 de junio, fecha propuesta por el mandatario para comenzar con la reactivación de la economía.

La medida fue declarada con un decreto del Ministerio de Salud que se basa únicamente en leyes de sanidad pública y fallos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, incluido uno que el mandatario dijo que no cumpliría una medida cautelar dictada.

En los últimos días las tensiones del Ejecutivo con los órganos Legislativo y Judicial han incrementado con duras críticas del gobernante por el supuesto retiro de facultades para enfrentar la pandemia.

El Presidente @nayibbukele anuncia sobre la denuncia que se hará a la @SalaCnalSV y a la @AsambleaSV ante la @CIDH por violar el derecho a la salud y la vida del pueblo salvadoreño durante esta emergencia mundial. pic.twitter.com/nz8i3Wc12f

— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) May 21, 2020

El 18 de mayo, la Sala suspendió temporalmente los efectos de una declaración de emergencia por Bukele, quien prescindió del Congreso tras respaldarse en un artículo que le da la facultad si los diputados no tienen posibilidad de reunirse.

“No solo nos quita la facultad tan importante de poder decretar estado de emergencia en la emergencia más grande que ha tenido el mundo en los últimos 100 años”, sino que “carece del más mínimo sentido común”, sostuvo Bukele.

Un día después, el Gobierno repitió la acción y emitió un nuevo decreto de emergencia, pero que subsana los señalamientos de un abogado que llevaron a los jueces constitucionales a suspender la primera medida, según abogados de la Presidencia.