La demanda contra el midazolam fue interpuesta por cuatro presos condenados a muerte en Oklahoma al cuestionar que su uso viola la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a los ciudadanos de “castigos crueles o inusuales.”

El caso tiene su origen en la ejecución en abril del 2014 de Clayton Lockett en Oklahoma, un preso que agonizó durante 43 minutos después de que le suministraran una inyección defectuosa y cuyo casó suscitó mucha polémica en el país.

Aunque la de Lockett fue la que tuvo más repercusión, otras dos ejecuciones en Arizona y Ohio tuvieron características parecidas.

Los estados empezaron a utilizar este sedante en el 2013, cuando los proveedores europeos de componentes para la inyección legal se negaron a seguir vendiendo sus productos con ese fin.

Con esta decisión, el Supremo abre la puerta a que Oklahoma ejecute a Richard Glossip, John Grant y Benjamin Cole, los presos que interpusieron la demanda.

El cuarto preso de la demanda, Charles Warner, recibió un inyección letal en enero, una semana antes de que el Supremo dictara la suspensión de las ejecuciones a la espera del fallo conocido hoy.

A parte de Oklahoma, Florida y Ohio podrán reanudar ahora sus ejecuciones con inyecciones letales de midazolam, mientras que Alabama, Virginia, Luisiana o Kentucky tienen luz verde para utilizarlo por primera vez.

Otros estados como Texas y Misuri, los que más aplican la pena capital, usan pentobarbital como sedante, un componente que hasta la fecha no ha dado problemas pero que el resto no ha sido capaz de conseguir.