El coagente y abogado de Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), señaló en la apertura de una nueva ronda de argumentos orales sobre la disputa limítrofe entre ese país y los daños ambientales causados por la apertura de caños (canales) y la construcción de una carretera en una zona en disputa, que Managua lleva a cabo un dragado diferente en la práctica que sobre papel.

Sostuvo que Nicaragua, pese a haber presentado recientemente “información limitada” sobre los arreglos hechos desde el bajo río San Juan, “el verdadero alcance y propósito del programa de dragado sigue siendo completamente oscuro.”

“Es clara la diferencia radical entre el programa de dragado inicialmente autorizado sobre papel y el que de hecho se está implementando en práctica sobre el terreno“, recalcó Ugalde.

Ugalde recordó igualmente a la CIJ que la zona afectada, conocida en Costa Rica como Isla Portillos y en Nicaragua como Harbor Head, es un humedal protegido por la Convención Ramsar.

Se trata de “una parte indivisible de Costa Rica” y que no es visto como un humedal “sin valor económico“, sino como un elemento de “la más alta importancia” para la estabilidad del régimen de delimitación fronteriza.

En este sentido, consideró “vital” para San Juan que “se reconozca y respete” el tratado Cañas-Jerez de 1858 y los instrumentos relevantes posteriores.

Ese tratado definió la soberanía nicaragüense sobre el río San Juan, el cual sirve de límite entre ese país y Costa Rica en más de 100 kilómetros, pero estableció el derecho de navegación a ese último Estado. Los países mantienen diferencias sobre la interpretación del tratado.

“Los instrumentos relevantes se han hecho con el fin de resolver hostilidades y disputas territoriales a mediados del siglo XIX. Es vital que la integridad sea reafirmada por esta Corte y que las tropas nicaragüenses no puedan tomar partes del territorio costarricense“, recalcó el embajador.

Ugalde sostuvo igualmente que “el Derecho internacional tiene que ser significativo y eficaz y servir como obstáculo y disuasión para aquellos que contemplan el recurso a la fuerza y a interpretaciones extravagantes de la ley como justificación (…) para mayor expansión territorial.”

El canciller de Costa Rica, Manuel González, ha acudido a la audiencia, la primera de una serie de sesiones que terminarán el 1 de mayo y que serán las últimas antes del fallo de la CIJ sobre la disputa entre ambos países centroamericanos.

Nicaragua, que no tendrá turno de palabra hasta el viernes por la mañana, está representada ante la corte por su embajador en Holanda, Carlos Argüello.

Para San Juan existe un “deseo real” de que el fallo de la CIJ sobre el litigio solucionará por fin la disputa entre los dos estados centroamericanos, “de manera que Costa Rica y Nicaragua puedan volver de nuevo a una relación fraternal y amistosa en todos los frentes“, señaló la delegación costarricense.