La información fue divulgada en un reporte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  (Farc) con datos de distintas organizaciones civiles.       

En una carta abierta, las Farc, instaron al presidente Juan Manuel Santos a que aclare los hechos ocurridos en los departamentos de Caquetá, Nariño y Meta. “Un nuevo genocidio está en marcha contra líderes sociales y campesinos”, dijo el Secretariado Nacional de las Farc en el texto difundido en la madrugada de este lunes en la página web del grupo armado.       

Según esta guerrilla, en lo que va del 2016 se han registrado 200 muertes de sus activistas.       

La ONU, que coordina el monitoreo del cese al fuego bilateral entre el gobierno y las Farc, manifestó su preocupación por las acciones violentas que incluyen “asesinatos dirigidos a líderes sociales en varias zonas del país afectadas por el conflicto armado”.

La misión de la Organización de Estados Americanos en Colombia también hizo un llamado el domingo reciente para garantizar la seguridad de los líderes campesinos.       

Marcha Patriótica, organización política y social que aglutina movimientos de izquierda, aseguró que más de 120 de sus integrantes han sido asesinados desde el 2011.      

Asimismo, unos tres mil integrantes de Unión Patriótica, partido formado por guerrilleros desmovilizados en 1985, fueron asesinados en la década de 1980 y 1990 por integrantes de extrema derecha.      

El paramilitarismo es uno de los temores de las Farc de cara a su desarme y reincorporación a la sociedad civil luego de la inminente firma de un acuerdo de paz con el Gobierno de Colombia. 

Pide medidas

En tanto, La Misión de las Naciones Unidas en Colombia manifestó el lunes su “preocupación”  luego de que dos líderes campesinos fueran asesinados en los departamentos de Caquetá y Meta, zonas afectadas por el conflicto armado con las Farc, y exhortó al Gobierno a tomar medidas “urgentemente”.

“Las Naciones Unidas entienden el temor de las organizaciones sociales afectadas y su reclamo para que se tomen urgentemente las medidas necesarias para evitar el recrudecimiento de la violencia, que socava la confianza en las perspectivas de una paz estable y duradera”, señaló la organización en un comunicado.

La Misión de la ONU señaló que espera que la investigación solicitada por la Defensoría del Pueblo, así como las medidas que puedan tomar los diferentes organismos del Estado colombiano, contribuyan a la “protección de la población civil y a generar mayor tranquilidad en las comunidades”.

En este sentido, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, convocó el domingo a una reunión para “adoptar medidas”  después del asesinato de dichos líderes campesinos.

Por otra parte, la ONU recordó que el acuerdo de paz con las Farc “prevé la implementación de varias medidas dirigidas precisamente a garantizar la seguridad de líderes (…) de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, así como la seguridad para el ejercicio de la política, en particular mediante la instalación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad”.

“En este momento, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se encuentra adelantando una serie de misiones de verificación en terreno” , agregó la información, que apunta que próximamente se informará a la opinión pública de los resultados de las mismas.