Mora “está siendo presentado por la la dirección de Auxilio Judicial ante el Juzgado Sexto de Distrito Penal de Audiencia por delitos de conspiración y terrorismo”, informó el abogado Pablo Cuevas, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

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Mora fue detenido en la noche del viernes tras el allanamiento y cierre de la televisora, crítica al gobierno de Daniel Ortega, durante un amplio operativo policial.

El comunicador fue llevado al tribunal acompañado de un fuerte dispositivo de seguridad.

Además de Mora está detenida la directora de prensa de 100% Noticias, Lucía Pineda, quien tiene doble nacionalidad costarricense y nicaragüense.

El gobierno de Costa Rica pidió a Nicaragua proporcionar información sobre el paradero de Pineda.

La periodista y presentadora Verónica Chávez, esposa de Mora, fue también detenida el viernes y liberada poco después. “Ella está emocionalmente muy afectada”, dijo el periodista Luis Galeano sobre Chávez.

En el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencias de Managua, para acusarlo de “fomentar e incitar al odio y la violencia” y de “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”, informaron las agencias de noticias.

Fotografía de archivo de Miguel Mora, propietario del programa “100% Noticias” de Nicaragua mientras habla en la premiación del Gran Premio de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en octubre del 2018. (Foto, Prensa Libre: EFE).
En las últimas dos semanas decenas de simpatizantes del Gobierno presentaron acusaciones similares contra Mora, ante el Ministerio Público. Los ofendidos culpan a Mora por los actos violentos en la crisis.

El viernes también fue detenido el conductor Joseph Hernández.

El canal 100 % Noticias amaneció clausurado la mañana de este sábado, horas después de que el estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador del sector, ordenó a las operadoras de televisión por suscripción retirarlo de su menú.

Informes de derechos humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado acciones de este tipo como la más reciente etapa de “represión del Gobierno de Nicaragua”.

Desde el estallido social de abril pasado, Nicaragua atraviesa una crisis que, según organismos humanitarios, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 “presos políticos”, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 reos, que califica de “golpistas”, “terroristas” y “delincuentes comunes”.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.

Ortega rechaza los señalamientos y aduce que superó un intento de “golpe de Estado”, pese a que la Acnudh y la CIDH han informado que no existen pruebas de dicha teoría.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones.

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