Estados Unidos reveló este lunes 7 de febrero que incluyó en su lista de “actores corruptos y antidemocráticos” del Triángulo Norte centroamericano al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, antes incluso de que dejara el cargo a fines de enero.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo que Hernández fue incluido el 1 de julio de 2021 en el listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras, que por ley el Departamento de Estado debe reportar al Congreso y generalmente los vuelve no elegibles para visa o admisión a Estados Unidos.

“Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debido a actos corruptos”, tuiteó Blinken, al revelar la información.

“Nadie está por encima de la ley”, afirmó.

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Hernández, que dejó la presidencia de Honduras el 27 de enero tras ocho años en el poder, ha sido señalado por fiscales de Nueva York de mantener nexos con el narcotráfico. Su hermano, el exdiputado “Tony” Hernández, cumple cadena perpetua en Estados Unidos por ese delito. Ambos niegan los cargos.

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En un comunicado, Blinken dijo que “según múltiples informes creíbles de los medios”, Hernández “se ha involucrado en corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico, y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para campañas políticas”.

“Además, Hernández fue identificado por su nombre en el testimonio de un testigo bajo declaración jurada en un proceso penal federal de Estados Unidos por haber recibido ganancias del narcotráfico como parte de la financiación de su campaña”, agregó.

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El gobierno de Joe Biden está determinado a luchar contra la corrupción y promover el estado de derecho en el Triángulo del Norte, que considera contribuyen al éxodo de migrantes indocumentados de esos tres países a la frontera sur estadounidense.

“Continuaremos asociándonos con funcionarios del gobierno hondureño y miembros de la sociedad civil y del sector privado que muestren dedicación para combatir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad democrática, incluso como parte de una política general para abordar las causas profundas de la migración irregular de la región”, aseguró Blinken.