A lo largo de 24 páginas ampliamente documentadas, los responsables del informe demuestran que se han producido “graves violaciones y abusos de los derechos humanos” de manera “sistemática y reiterada”. El presidente Daniel Ortega, Rosario Murillo y los altos mandos de las Jefaturas de la Policía Nacional “participaron en la comisión de esos delitos”, acusan los expertos.

Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, habló con Radio Francia Internacional sobre el contenido del informe, y destaca  que, pese a haber pedido en varias ocasiones al gobierno de Nicaragua el acceso al país, “el acceso nos fue denegado; es más, el gobierno de Nicaragua no reconoció el mandato dado por el Consejo de Derechos Humanos al Grupo de Expertos”.

“Éxodo”

Ejecuciones extrajudiciales (115 muertos confirmados), torturas, secuestros, tratos crueles, inhumanos o degradantes, violaciones de hombres y mujeres, privación ilegal de la nacionalidad, son algunas de las innumerables violaciones de los derechos humanos que el Grupo pudo constatar a través de los testimonios recogidos durante más de un año de trabajo.

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Como consecuencia de la reiterada violación de los derechos humanos, miles de nicaragüenses optaron por huir del país para salvar su vida. De acuerdo con los datos recabados, hasta junio del 2022 más de 260 mil nicaragüenses habían salido del país.”Una situación en la cual el Estado toma de rehén casi toda su población genera ese tipo de situaciones, estamos frente a un éxodo de cualquier ciudadano o persona que pueda ser definida como no conforme con el gobierno. Eso da una idea de la magnitud de la represión que se está llevando a cabo en este momento”, subraya el presidente del Grupo de Expertos de la ONU.

“No hay proceso debido”

En paralelo, el gobierno acudió a la aprobación de una serie de leyes para restringir y criminalizar el ejercicio de las libertades democráticas. Lo significativo en ese caso es que todas las instituciones del Estado intervinieron para avalarlas: Asamblea Nacional, Policía, Poder Judicial, Ministerio Público. “Los tribunales también hicieron uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva, imponiéndola de manera generalizada, sin tener en cuenta las circunstancias específicas de cada caso”, apunta el informe.

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“Cuando se habla de justicia, es una justicia en la cual la acusación equivale al proceso, y el proceso equivale a la sentencia. En el fondo estamos frente a un proceso judicial en el cual no hay ni proceso debido, ni garantía de defensa y en donde la acusación de la Fiscalía equivale ya a la sentencia desde el primer momento que se abre un juicio”, observa el experto de la ONU.

“Es una persecusión política, y el objetivo de eso es mantenerse en el poder a toda costa. Y la costa son vidas humanas, su integridad física, su patrimonio -porque les están confiscando su patrimonio a las personas, e incluso su propia característica de personas como ciudadano en el Estado”, recalca.

El haber cometido y seguir cometiendo crimenes de lesa humanidad genera la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger al pueblo nicaragüense y a cada uno que esté sufriendo las consecuencias de la persecución política en su país, reclaman los expertos.

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